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Para Gustavo Villacís, ‘la intervención no tiene razón de ser’

“Espero que el trabajo del nuevo interventor se ajuste a las disposiciones de carácter constitucional y legal”. Eso es lo que aspira el rector de la Universidad Nacional de Loja (UNL), Gustavo Villacís Rivas, del nuevo presidente de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional para esta universidad (CIFI-UNL), Carlos Rojas Reyes.

 

El nuevo interventor fue designado la semana pasada por el Consejo de Educación Superior (CES) y se prevé que cumpla sus funciones hasta el 31 de julio del próximo año, fecha en la que está prevista la finalización de la intervención de la UNL.

 

Para Villacís Rivas, la intervención en esta universidad “no tiene razón de ser”, porque, según comenta, los funcionarios que han llegado a cumplir acciones de fortalecimiento “no tienen un sustento objetivo para poder actuar”.

 

Señala que la CIFI-UNL no reconoce las competencias que tienen los organismos de gobiernos de la UNL como el Consejo Académico Superior (CAS), el rector y vicerrectora, los coordinadores de carreras…

 

“La intervención en el artículo 197 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) la conceptualiza como un proceso de acompañamiento, como un proceso de coordinación, en donde las autoridades siguen actuando con sus competencias. La intervención no disminuye las competencias del rector de la universidad. La intervención no suspende a las autoridades académicas”, cita Villacís Rivas. Sin embargo dice que “en el ejercicio de la intervención por parte del Consejo de Educación Superior, a partir del 22 de junio de 2015, se suspende a las autoridades académicas y se limita los actos administrativos y académicos del rector”. Agrega que incluso la CIFI-UNL, en algunos casos, ha tomado decisiones de tipo administrativo que son competencia únicamente del rector.

 

El rector de la UNL dice que el escenario político del país experimenta un cambio, y espera que con ello también cambie el escenario en el CES “y que las decisiones se enmarquen de nuevo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y que la Universidad pueda recuperar su institucionalidad que nunca debió afectársela de esta manera”. (JGN)

FUENTE: LA HORA

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