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CJ trabaja en otras cuatro funciones constitucionales

Los cuestionamientos a los miembros del Consejo de la Judicatura (CJ) transitorio comenzaron al poco tiempo de su designación por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) transitorio que, tres meses después, tomó la decisión de acelerar el proceso para la elección del CJ definitivo.

Aunque los problemas internos del CJ desencadenaron en que el CPC les quite la facultad de evaluar a los jueces de la Corte Nacional de Justicia, oficialmente, a través de una resolución, se justificó que el tiempo no les iba a permitir hacer una evaluación bajo los estándares internacionales y que era mejor que la tarea la realice el CJ definitivo.

Según la Constitución, el CJ tiene cinco atribuciones; la primera es “dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la Función Judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción…”. El Consejo ciudadano no le ha retirado las otras cuatro (ver recuadro).

Xavier Zavala, miembro del CPC, considera que el CJ perdió un valioso tiempo en disputas internas que no le permitieron integrarse y enfrentar sólidamente el compromiso adquirido. “El CPC es responsable de designar personas con reconocimiento y trayectoria, pero no supieron funcionar como un cuerpo colegiado”.

La primera polémica en el CJ surgió el pasado 22 de junio, a los tres días de su designación, cuando nombraron a Guillermo Moreno, hermano del presidente Lenín Moreno, como fiscal de Napo.

El presidente del CJ, Marcelo Merlo, defendió que la designación se realizó con base en un concurso de la administración de Gustavo Jalkh.

Otra de las polémicas surgió después de que Aquiles Rigail, vocal de la Judicatura, enviara cartas al fiscal del Guayas, Edmundo Briones, y al juez civil de Pichincha, Luis Landázuri, para presuntamente pedir información de dos casos.

Para su colega Juan Pablo Albán, quien el viernes pasado renunció al cargo por asuntos académicos como lo había anticipado desde su designación, se trató de una injerencia en la administración de justicia. El impasse entre los dos consejeros se agudizó por las denuncias de supuesta corrupción contra Juan Vizueta, director nacional del CJ.

Una acalorada discusión entre Albán y Rigail se filtró en las redes sociales a través de una grabación de audio.

Para el analista político Vladimiro Álvarez, las disputas internas en el CJ no fueron razones suficientes para perder la facultad de evaluar a los funcionarios judiciales. “Tiene que haber sido un elemento trascendental, pero no fundamental, sino la necesidad de que sea el CJ definitivo que tome la decisión de evaluar y designar a quien corresponda…”.

Álvarez sostiene que lo ocurrido con el CJ no debe distraer el compromiso de desmontar la estructura que supuestamente se armó en el sistema de justicia en el régimen del expresidente Rafael Correa. (I)

La ley dice
Art. 181

Serán funciones del Consejo de la Judicatura: 1. Definir y ejecutar políticas para mejorar y modernizar el sistema judicial.2. Conocer y aprobar la proforma presupuestaria de la Función Judicial. 3. Dirigir los procesos de selección de jueces y servidores de judiciales, así como su evaluación, ascensos y sanción.4. Administrar la carrera judicial.5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.

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