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Decreto de consulta sobre paraísos fiscales

Una vez oficializado el documento legal, el Consejo Nacional Electoral, CNE, podrá preparar un plan operativo que defina los aspectos técnicos, de fiscalización, administrativos y de promoción de la consulta popular. Para esto tiene un plazo máximo de 15 días para posteriormente hacer la convocatoria.
El titular del CNE, Juan Pablo Pozo, explicó ayer en rueda de prensa que sesionará hoy en Guayaquil para definir el programa operativo, que incluirá los rangos posibles de gasto y demás detalles del referendo previsto para el mismo día de los comicios generales, 19 de febrero de 2017.
En el decreto suscrito ayer, Correa pide comunicar además a la Corte Constitucional para los fines pertinentes, y que se notifique al Ministerio de Finanzas para que “sitúe los recursos financieros necesarios” para la realización de la consulta.

Pregunta
“¿Está usted de acuerdo en que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?”, dice la pregunta que figura en el decreto firmado por el Jefe de Estado.
El escrito añade que, de ganar el Sí, en el plazo de un año, a partir de la proclamación de los resultados definitivos de la consulta popular, la Asamblea Nacional reformará la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Democracia y las demás leyes que sean pertinentes, “a fin de adecuarlos al pronunciamiento mayoritario del pueblo ecuatoriano”.
Apunta que en este plazo, “los servidores públicos que tengan capitales y bienes, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular y su incumplimiento será causal de destitución”.
La lucha contra los paraísos fiscales, conocida como Pacto Ético, es una cruzada que ha emprendido Correa en el país y en el exterior, pues ha llamado a la comunidad internacional a prohibir ese tipo de regímenes financieros en el mundo.
Correa ha denunciado que grupos poderosos de su país han enviado a paraísos fiscales unos 30.000 millones de dólares, recursos que, al no pagar impuestos, han impedido que se genere empleo o se construyan escuelas y hospitales. (RET-EFE) (I)

FUENTE: EL TIEMPO

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