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Familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra le toman la palabra al gobierno de Lenín Moreno y exigen resultados

A menos de una semana de la publicación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las investigaciones realizadas con respecto del secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra, las familias de las tres víctimas divulgaron este miércoles, de manera conjunta, una carta abiertadirigida a las autoridades, con el fin de recordarles los ofrecimientos incumplidos.

La CIDH señaló en su reporte preliminar que la Fiscalía no ha avanzado satisfactoriamente “en la investigación y vinculación a proceso de los responsables” y observó “la necesidad de que se realice un esfuerzo integrador que permita incorporar… las evidencias obtenidas en varios procesos adelantados en relación con las advertencias y los ataques realizados por el denominado grupo Frente Oliver Sinisterra”.

Además, el equipo de seguimiento conformado por el organismo recomendó un análisis de las acciones de prevención, de las comunicaciones previas entre la Policía Nacional y alias Guacho, Walter Arizala Vernaza, el cabecilla del grupo armado, y del rol de los agentes asignados a la zona de frontera. Exhortó para que se garantice el acceso total a todos los documentos solicitados por los familiares.

En la carta abierta, los familiares sostuvieron que “desde el día en que esta pesadilla inició (26 de marzo del 2018) el compromiso de las autoridades nacionales fue hablarnos siempre con la verdad y agotar todos los esfuerzos para que todos los responsables, en todos los niveles, sean identificados y sancionados (…)”. Sin embargo, subrayaron, “las acciones desplegadas por la Fiscalía no llegan a satisfacer lo que se esperaría en estas instancias del proceso”.

Desde el secuestro, se han realizado varias reuniones con las más altas autoridades sin resultados concretos. “Conforme fue pasando el tiempo nos quedamos sin un interlocutor por parte del Estado, al punto de que una semana después de que la CIDH expresara su preocupación por el poco e inadecuado avance de las investigaciones en la Fiscalía, no hemos recibido una respuesta formal por parte de esta institución y el fiscal del caso tampoco ha dado paso a los requerimientos legítimos de la defensa técnica de las víctimas”.

Los familiares concluyeron su carta tomándole la palabra al gobierno de Lenín Moreno. “Recopilando la suma de ofrecimientos, promesas, compromisos y demás que han surgido desde sus propios despachos y en los de sus antecesores, reiteramos la necesidad de que el Estado ecuatoriano cumpla con su palabra y obligaciones (…) Como siempre que escribimos una misiva hacia ustedes esperamos que nuestras palabras no caigan en un saco roto y que el olvido no sea una política de Estado”, indicaron en el documento.

La carta está dirigida al presidente Lenin Moreno, a Elizabeth Cabezas, Marcelo Merlo y Julio César Trujillo, titulares de la Asamblea Nacional, Consejo de la Judicatura y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, respectivamente. También al fiscal Paúl Pérez Reina, al contralor Pablo Celi, a la defensora del Pueblo, Gina Benavides y a los ministros María Paula Romo (del Interior), Oswaldo Jarrín (de Defensa) y José Valencia (de Relaciones Exteriores). (I)

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