By 
A cuatro días de que se cumpla el plazo para que más de 20.000 candidatos presenten sus informes de gastos de campaña de las elecciones del pasado 24 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se prepara para verificar exahustivamente toda la información.
A raíz de las denuncias de supuesto financiamiento ilegal de las campañas de Alianza PAIS (AP) en los últimos procesos electorales, el consejero Luis Verdesoto asegura que el organismo procederá en el marco de la ley “a una investigación mucho más exhaustiva, aplicando otros tipos de controles adicionales…”.
Verdesoto explica que, según el Código de la Democracia, los sujetos políticos, luego de las elecciones, tienen hasta 90 días para presentar el informe de gastos, por lo que el plazo se cumpliría este sábado.
Una vez recibida la información, la Dirección de Fiscalización y Control de Gasto Electoral se encarga de la verificación y la elaboración de un informe que luego pasa a la Presidencia del CNE, que resuelve por la vía administrativa. El Pleno no avoca conocimiento, a menos que exista una impugnación.
«El proceso es bastante sencillo, y las evidencias últimas de (caso) Arroz Verde, y sobretodo lo de (caso Lucas) Majano, plantean que son procesos pocos minuciosos y debe ampliare en otro sentido…», sostiene.
Aunque reconoce que hay limitaciones para una investigación minuciosa de las cifras que presentan las organizaciones políticas y sus responsables económicos, debido a que es un proceso burocrático que permite poca indagación.
Los casos que menciona Verdesoto nacen de investigaciones realizadas por los portales digitales La Fuente y Mil Hojas. Arroz Verde se refiere al financiamiento de la última campaña presidencial del exmandatario Rafael Correa y el penúltimo proceso electoral seccional; mientras que Lucas Majano detalla el financiamiento de la campaña presidencial en el 2017 del actual jefe de Estado, Lenín Moreno.
Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Ciudadano Electoral, sostiene que urge la necesidad de «dictar nuevas normas respecto del financiamiento de la política…”. Se refiere a la posibilidad de una reforma al Código de la Democracia en lo que concierne al financiamiento de campaña.
Con Camacho concuerda Jorge Acosta, expresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral, quien indica que ante la posibilidad de un flujo de dinero «negro» en las campañas, la autoridad electoral tiene que esmerarse en el control.
“Desgraciadamente es deficiente tanto la legislación como las posibilidades técnicas de la autoridad electoral, ahí se requiere una modificación de las estructuras legales como el Código de la Democracia…”, sostiene Acosta, quien apunta a una participación de la Contraloría, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Internas (SRI) en la revisión de cuentas de los grupos políticos.
Nubia Villacís, expresidenta del CNE, asegura que en todo este tiempo los informes de gastos de campaña nunca pasaron al Pleno, excepto un caso de Sociedad Patriótica, que impugnó una resolución en la presidencia de Domingo Paredes. «En todos estos años quienes han resuelto han sido todos los presidentes del CNE…».
Por ello advierte que quienes deben responder por el control en los años en que está siendo cuestionada la campaña de AP son Paredes y Juan Pablo Pozo. “Cuando asumí la presidencia (noviembre del 2017) el control que me tocó fue el de la consulta popular (2018)…”.
La Ley dice que todos los donantes, incluso los pequeños, deben estar en los informes, y no porque los irregulares estén en los pequeños, sino porque nos permite ver correlaciones”.
FUENTE: EL UNIVERSO
Comments