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El Estado ecuatoriano busca obtener toda la información necesaria para perseguir a los responsables de cualquier acto de corrupción en los procesos de contratación de Odebrecht en Ecuador.
Al mismo tiempo, que exista un acuerdo de reparación integral indemnizatoria al Estado por los daños que hayan generado los actos ilícitos que cometió la empresa brasileña en Ecuador en los procesos contractuales celebrados en el país.
Según un comunicado de la Procuraduría, hasta el momento las autoridades ecuatorianas no han firmado ningún tipo de acuerdo con la empresa brasileña y le han exigido que entregue de manera completa y detallada toda la información que previamente ya fue suministrada a las autoridades de la Fiscalía de Brasil y al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La información solicitada incluye aquella sobre el esquema de corrupción y las personas que fueron parte del mismo, particularmente la forma como llegaron a establecer la cifra de coimas por $ 33,5 millones y utilidades de $ 116 millones, además de la identificación de los contratos que están involucrados en dichos ilícitos, información que aún no ha sido proporcionada por la empresa.
«Solamente cuando se hayan conocido los contratos, el esquema de corrupción utilizado, los montos entregados y la forma como se movió o transfirió ese dinero, se podrá determinar cuáles son las instituciones involucradas y establecer la cuantificación del perjuicio ocasionado, con lo cual se podrá calcular una cifra de indemnización. Sin la información concreta sobre el perjuicio causado, no se puede concretar el monto del daño y la indemnización», añade el comunicado.
De acuerdo a la Procuraduría, Odebrecht «pretendía llegar a un acuerdo, sin entregar información alguna, en el cual el Estado ecuatoriano declare que todos los procesos contractuales realizados cumplieron con las normas internas de contratación pública, declaración que no se incluirá en un acuerdo por no ser posible que las autoridades del Estado hagan un declaración de esa naturaleza, sin que estos hayan sido revisados por la Contraloría General del Estado a través de los exámenes especiales o auditorías en cada proceso».
Además, la empresa pretendía que, como consecuencia del acuerdo, no se les pueda exigir información adicional, ni se les pueda imponer ningún tipo de indemnización, multa o pago de cualquier concepto, incluyendo las que correspondan a la Contraloría, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías y cualquier otra entidad pública.
«Esto ha sido rechazado y no se incluirá en un posible acuerdo, ya que no se puede transigir sobre las facultades sancionadoras o determinadoras del Estado», puntualiza el comunicado.
«En consecuencia, si bien el Estado ecuatoriano continuará en la búsqueda de llegar a un acuerdo con la empresa Odebrecht que le permita acceder a la información del esquema de corrupción y las personas involucradas en el país, esto será posible solo en el evento de que la empresa cumpla con la entrega de información detallada y que se someta a las condiciones establecidas por el Ecuador, dentro del marco de las competencias constitucionales y legales de las autoridades ecuatorianas», añade.
Finalmente subraya que, sin perjuicio del esfuerzo por llegar a un acuerdo que le permita al Estado acceder a la información lo más pronto posible, la Fiscalía continuará con las investigaciones dentro del proceso de indagación ya iniciado, con el fin de obtener dicha información a través de la cooperación penal internacional y de otros mecanismos de investigación. (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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