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Siete contratistas chinas compraron $ 21 millones a firmas fantasmas

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Roberth Simisterra no puede dormir pensando cómo pagará la pensión en la escuela de su hija, de 6 años. Vive con ella y su esposa en un cuarto alquilado en la Isla Trinitaria, en el sur de Guayaquil. Es guardia, pero ha sido albañil, caramelero, betunero y vendedor de corviches. “De todo, menos empresario”, dice, y ríe con ironía.

La aclaración es oportuna. En la Superintendencia de Compañías figura como dueño de cuatro empresas que han reportado ingresos por $ 41,5 millones. Son sociedades que el Servicio de Rentas Internas (SRI) declaró fantasmas.

Mientras mira los documentos que lo vinculan a esas sociedades, Simisterra se lamenta: “Es un gran perjuicio que nos hacen porque somos gente pobre. Mire mi chiquita. Si yo me voy preso, mi mujer no trabaja, quién me la va a cuidar a mi hija. Yo demando al Estado”.

Tres de esas empresas facturaron $ 3,4 millones a empresas chinas que han obtenido grandes contratos del Gobierno. Pero eso es solo una muestra.

EL UNIVERSO accedió a las declaraciones tributarias presentadas hasta 2017 por empresas chinas que han concentrado contratos públicos en Ecuador. Comparó esas declaraciones con la lista de empresas fantasmas que el SRI publica en su página web y con dos informes que esta institución envió a la Fiscalía por procesos de posibles fraudes tributarios.

Encontró que siete compañías chinas presentaron facturas de supuestas transacciones con 84 empresas fantasmas por un total de $ 21,2 millones (sin contar el IVA).

El caso más grande es el de China CAMC Engineering, que presentó este tipo de facturas por $ 11,6 millones.

Le siguen China International Water & Electric (CWE) con $ 7,3 millones; China Gezhouba Group con $ 1,5 millones; Harbin Electric Internationalcon $ 439.000; China National Electric Engineering (CNEE) con $ 327.000; China Electronics Import & Export (Ceiec) con $ 40.000; y las dos sucursales ecuatorianas de Sinohydro con $ 23.000.

El subdirector de Cumplimiento Tributario del SRI, José Almeida, explicó que han detectado que ciertos contribuyentes han usado facturas de empresas fantasmas para simular gastos y rebajar sus ganancias, con el fin de reducir su pago de impuesto a la renta. Esto perjudica al Estado.

El funcionario subraya que ya se han recuperado $ 887,4 millones en impuestos que dejaron de pagar los supuestos clientes de las empresas fantasmas. Agregó que se han planteado 1.361 denuncias penales, pero no han obtenido los resultados esperados, pues se han archivado varios procesos.

Entre los casos detectados por el SRI, sí constan contratistas chinas. Este Diario accedió a varias auditorías tributarias que revelaron que CAMC incluyó facturas de empresas fantasmas por $ 6,6 millones en su declaración del 2013, y que CWE hizo lo mismo por $ 5,8 millones en 2012, 2013 y 2014.

Al menos 39 personas que figuraban como accionistas y administradores de las 84 empresas fantasmas utilizadas han trabajado en realidad como mensajeros, guardias, albañiles, recepcionistas o conserjes.

Las empresas fantasmas más usadas por las contratistas chinas fueron Construestilo S.A., Comexito S.A., Highstrategy S.A., Gotoconstru S.A. y Divinacompany S.A.

La primera sí funcionó. Participó en una obra que CAMC se había comprometido a hacer en un contrato con el extinto Ministerio Coordinador de Seguridad. El resto de compañías existieron solo en papeles.

Los nombres de quienes aparecen en estas compañías se repiten en los registros de otras empresas fantasmas. Este Diario descubrió una compleja madeja de relaciones entre al menos 34 compañías de fachada.

Los documentos societarios y los testimonios de varias personas que estuvieron vinculadas con esas firmas ayudaron a desenredar parte de esa trama, para conocer quiénes realmente manejaron la facturación de las empresas.

Varios pasajes del laberinto desembocaron en dos contadores: Arturo Soriano Muñoz y Jaime Gutiérrez Elvay. Este Diario intentó contactarlos por teléfono y correo electrónico, pero no hubo respuesta.

Gutiérrez Elvay ya fue procesado por presunta defraudación tributaria el año pasado. En ese caso, su socio, Freddy Soledispa Varas, se declaró culpable y recibió un año de cárcel. A pesar de ello y de las evidencias presentadas por la Fiscalía, el juez Christian Roca Yagual determinó que no había motivos suficientes para enjuiciar a Gutiérrez Elvay y a otros tres acusados, y los sobreseyó.

La Fiscalía no apeló ese fallo; tampoco los abogados del SRI, que actuó como acusador particular en el proceso.

José Almeida señaló que están revisando ese caso para determinar posibles sanciones en contra de los funcionarios que actuaron en esa causa.

Este reportaje se realizó con el apoyo de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, impulsado por el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, en inglés) y la plataforma periodística Connectas. (I)

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