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A unas 200.000 personas se incluirían en bonos y pensiones en los próximos tres años

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Más de 900.000 beneficiarios reciben programas subsidiados del Gobierno a través de transferencias monetarias (bonos y pensiones) con un presupuesto de $ 730 millones anuales.

Según el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), son seis programas: Bono de Desarrollo Humano ($ 50) para aquellas personas que están en condición de pobreza extrema; Bono de Desarrollo Humano Variable (hasta $ 150) para quienes tienen hijos de 0 a 18 años; Pensión de Adulto Mayor ($ 50) para mayores de 65 años que están en condición de pobreza; Mis Mejores Años para Adultos Mayores que están en condiciones de extrema pobreza ($ 100); Pensión para personas con discapacidad ($ 50); Bono Joaquín Gallegos Lara para quien tenga discapacidad severa, enfermedad catastrófica o menores de 14 años con VIH ($ 240).

Quienes tienen un ingreso per capita de menos de $ 47 mensuales son considerados de extrema pobreza y se es pobre si se tiene ingresos per capital de $ 80.

Desde junio de 2018, el Gobierno lleva adelante un proceso de actualización de esos programas sociales mediante la realización de un nuevo Registro Social (RS) que es un catastro socio económico de los hogares ecuatorianos. La última actualización se lo hizo en el 2013. Ello permitirá mejorar los esfuerzos hacia los grupos en condiciones de pobreza. Se evalúan las condiciones de educación, trabajo y seguridad social, salud, agua, hábitat y vivienda.

Marco Cazco, viceministro de Inclusión Económica, mencionó que con la primera base de datos actualizada remitida por la Secretaría de Planificación y Desarrollo (Senplades) en diciembre, que es la entidad que administra el RS, 48.697 personas ya no cumplían las condiciones para estar dentro de los bonos y pensiones y ya no reciben las transferencias,  pero se incluyó 40.616 beneficiarios.

«Los adultos mayores en lo que se gastan los 50 dólares son en medicinas, en transporte y en alimentación», Marco Cazco, viceministro del MIES

Habría además unas 200.000 personas que nunca han recibido bonos, y que podrían ser incluidas en un lapso de tres años. El proceso de actualización del Registro Social terminaría a finales de año.

«Hay una decisión del presidente (Lenín Moreno), se priorizaría al sector social», Marco Cazco, viceministro del MIES.

FUENTE: EL UNIVERSO

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