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El hecho ocurrió el 31 de mayo de 2016, cuando durante un operativo de control en el pabellón de mediana seguridad, se detectó el ingreso de sustancias estupefacientes y armas de fabricación artesanal.
Durante este operativo, 50 efectivos de la Policía Nacional ingresaron al pabellón y habrían cometido actos de laceración, indicó Alvarado.
“El 8 de junio pasado, en audiencia de formulación de cargos de este caso, el fiscal cambió el caso legal de tortura por extralimitación de funciones de cargo, lo que ocasionó que en el juzgamiento se disminuya la pena contra los implicados que causaron estos hechos”, dijo.
«Esta es una pena menor, la tortura se sanciona con una pena de 10 a 13 años (de prisión) y la extralimitación se sanciona con hasta nueve años, el procedimiento que se sigue es como un delito de lesión», explicó.
El proceso en que están involucrados efectivos de la Policía Nacional será apelado, dijo la Ministra de Justicia, quien reiteró que sí existió este delito.
Alvarado acotó que en el CRS se detectó en junio de 2016 la probable existencia de un grupo delictivo conformado por PPL, que se dedicaba a extorsionar dentro del Centro. Este delito se habría cometido desde enero de 2016 a enero de 2017.
La Ministra indicó que entre los prisioneros se aplicaban descargas eléctricas y eran ahogados con fundas plásticas. El 9 de marzo se formularon cargos en contra de 27 personas. El 19 de septiembre se realizó el llamamiento a juicio a todos los acusados por la Fiscalía. (VDS) (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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