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Quito. La Asamblea Nacional tramitó ayer la objeción parcial del Ejecutivo la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con lo que la normativa fue aprobada. La votación se efectuó en tres bloques.
El titular de la Legislatura, José Serrano, dispuso que se remitan al Registro Oficial las dos partes aprobadas del veto, mientras el tercer grupo que no fue resuelto entraría en vigencia por el ministerio de la ley.
“Esta Ley garantiza: Reparación Integral en casos de violencia contra las mujeres. Derechos de las mujeres con presupuesto estatal necesario y un procedimiento ágil para el juzgamiento del delito contra la mujer o miembros del grupo familiar”, señaló Serrano.
En el primer bloque, con 95 votos a favor y 24 abstenciones, el Pleno se allanó a 27 observaciones del Ejecutivo “que incorporan cambios positivos”, explicó el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, vicepresidente de la Comisión Ocasional que estudió el cuerpo legal.
En este constaba la propuesta de que el ente a cargo del Registro Único de Violencia contra las Mujeres sea el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Consejo de Judicatura y el Ministerio del Interior.
En el segundo bloque, con 117 votos afirmativos y tres abstenciones, los legisladores se ratificaron en ocho artículos. Entre ellos, el Pleno insistió en que la reparación de derechos es un eje fundamental y parte de la finalidad de la norma, además de la prevención, atención y protección a las mujeres violentadas.
“Para que la norma no quede en letra muerta, el Pleno también se ratificó en el artículo a través del cual se obliga al Estado a promover, proteger y garantizar los derechos de las mujeres, a través de un plan de acción específico incluido en el presupuesto del Estado”, indicó la Legislatura en un comunicado.
Otros 20 artículos no tuvieron el respaldo para ser ratificados.
Beneficios
El objetivo es prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad. Incluye la violencia física, psicológica, sexual, simbólica, patrimonial/económica, política y ginecobstétrica.
Para lograrlo, se crea un Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conformado por 16 instituciones del Estado, que, de manera coordinada, trabajarán en cuatro ejes: prevención, protección, atención y reparación de víctimas.
A través de la prevención se buscará eliminar patrones socioculturales y estereotipos mediante mecanismos de sensibilización y concienciación. (RET) (I)
Medidas de normativa
Entre las medidas de la nueva Ley se otorgarán boletas de auxilio y restitución de la víctima al domicilio. Para el agresor se ordenará su salida del hogar cuando su presencia constituya una amenaza; se le prohibirá esconder, trasladar, cambiar de residencia a sus hijos y la retención de bienes, así como acciones de intimidación. Establece, además, medidas urgentes cuando exista una inminente riesgo a la integridad de la víctima, que las ejecutará la Policía Nacional, a través de un Sistema de Alerta Temprana.
La Policía acudirá de manera inmediata ante la alerta generada por cualquier medio, como el botón de pánico; acompañará a la víctima hasta su domicilio para que tome sus pertenencias si ella lo requiere, y solicitará atención a las entidades que conforman el Sistema. Se establece una reparación integral, la que cumple los estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos, que busca que la mujer recupere su proyecto de vida. (RET) (I)
Planteamiento sobre menores
La legisladora de CREO, Mae Montaño pidió que se cree una comisión especial interdisciplinaria para levantar información sobre los menores que se quedan huérfanos a causa del femicidio y plantear acciones concretas.
Aseguró que “es necesario buscar mecanismos y generar acciones y políticas para que las instituciones responsables de la atención a estos niños funcionen como se requiere”. Lo hizo luego de presentar un reportaje en donde se analizó lo que sucede en los centros de acogida, que no están preparados para atender este tipo de casos.
El legislador Sebastián Palacios, durante su intervención, citó varias cifras, como que en 2017 se registraron 153 femicidios, y en los primeros cinco días de 2018, fueron cinco casos, por lo que consideró emergente contar con la ley para combatir estas cifras a las que calificó de “escalofriantes”. (RET) (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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