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El futuro de la propuesta constitucional de Bachelet, sin embargo, es una incógnita, puesto que la discusión del proyecto estará a cargo del Parlamento elegido en las elecciones de noviembre pasado, que asume sus funciones el próximo domingo.
Ningún bloque político tiene mayoría suficiente para aprobar leyes por sí solo en el nuevo Congreso, y los parlamentarios conservadores ya han avisado que no respaldarán el proyecto de la Mandataria, que el domingo le entregará la Presidencia al derechista Sebastián Piñera.
La reforma constitucional impulsada por Bachelet pretende sustituir la Carta Magna actual, que fue impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) en 1980 y ha tenido algunos ajustes, concretamente durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006).
Reformas
La reforma pretende modificar la extensión del mandato presidencial, que aumentaría de cuatro a seis años sin posibilidad de presentarse a la reelección.
Además reconoce a los pueblos indígenas como parte fundamental del «orden constitucional», les entrega el derecho a tener representación en el Congreso y reconoce sus derechos culturales y lingüísticos.
Incluye también una «iniciativa ciudadana de ley» para legislar sobre proyectos planteados por la ciudadanía que cuenten con el apoyo del cinco por ciento de los chilenos con derecho a voto.
La propuesta suprime los altos quórum para la aprobación de algunas leyes, dejando solamente la mayoría simple y la mayoría absoluta, con la excepción de las modificaciones a la propia Constitución, que necesitarán el voto de tres quintos de los parlamentarios en ejercicio. (I)
Críticas ante tardanza
La tardanza en la presentación del proyecto de ley de la nueva Constitución provocó críticas en la oposición conservadora y también en algunos sectores oficialistas, a las que la presidenta Michelle Bachelet salió al paso de manera tajante.
«Vamos a gobernar hasta el último día, así que eso no es algo que debería sorprender a nadie», manifestó.
El diputado ultraconservador José Antonio Kast, excandidato presidencial en las últimas elecciones, afirmó en Twitter que con esta propuesta Bachelet se despide como «líder de una especie de dictadura caribeña».
El también diputado Javier Macaya, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), aseguró que cualquier propuesta que se haga cinco días antes del final del mandato presidencial «pierde toda validez». (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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