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El calendario electoral para la organización de las elecciones presidenciales y de asambleístas del 2021 no se cambiará, pero avanza sin definiciones claras por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Unos 19 representantes de organizaciones políticas nacionales pidieron a la Función Electoral que modifique el calendario, para preparar sus procesos de democracia interna, afectadas por la pandemia del COVID-19. Pero el lunes, la presidenta del Consejo, Diana Atamaint, informó que este instrumento «no se ha movido» y que las elecciones se realizarán el 7 de febrero del 2021 la primera vuelta, y la segunda el 11 de abril, como está vigente.
El motivo: el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) señaló que «no es posible» modificarlo porque se afectaría a las organizaciones políticas, respecto a sustanciar sus recursos contenciosos.
La decisión se da en un contexto en el que Atamaint no ha revelado cuál es el presupuesto que se requerirá para las elecciones.
El Ministerio de Finanzas anunció que «garantizará» los recursos para el proceso en el segundo semestre de este año, el mismo que inicia este 1 de julio; sin embargo, se desconoce el presupuesto que deberá integrarse en el Plan Operativo Electoral, que tampoco se ha aprobado.
El Registro de Organizaciones Políticas cerró el 19 de junio y se ignora cuáles podrán participar en los comicios.
Esto porque no se ha resuelto la situación de trece organizaciones que esperan que se les verifique las firmas para ser calificadas y poder presentar candidaturas.
El exasambleísta Andrés Páez lidera la creación del movimiento nacional Nosotros y está a la espera de una respuesta. Según los registros, entregaron 210 000 firmas para su revisión, pero tenían cero aprobadas. Él aspira a candidatizarse a la Presidencia de la República.
No hemos recibido ninguna notificación, pero esperamos que resuelva en lo que corresponda, porque nuestros derechos no pueden ser vulnerados», Andrés Páez, movimiento Nosotros
Hay otras cinco agrupaciones que están en proceso de cancelación por estar incursas en las causales del artículo 327 del Código de la Democracia. El pleno no conoce aún sus informes de descargo, aunque canceló la personería de otras ocho.
Atamaint explicó que no se ha podido verificar las firmas por el COVID-19.
Tienen el derecho de que sean revisadas, y en cuanto tengamos la posibilidad de que las personas puedan hacer trabajo presencial se revisará. Las cinco que están en proceso de extinción y que presentaron descargos, lo resolveremos porque están dentro del calendario hasta la fecha en el que se cierra el registro», Diana Atamaint, presidenta del Consejo Electoral
Este lunes el 25 % de funcionarios de la institución volvieron a la oficina matriz para retomar sus labores, y se prevé que empiece la revisión de firmas.
A esto se suma la situación jurídica de cuatro grupos: Justicia Social, Libertad es Pueblo, Fuerza Compromiso Social, y Juntos Podemos, después de que la Contraloría General del Estado determinó que se debe dejar sin efecto su inscripción porque no alcanzaron el 1,5 % de firmas, requisito establecido en la Constitución.
Sobre esto se resolvió que las áreas jurídicas de la entidad preparen un informe para responder a las conclusiones del órgano de control.
Otro pendiente es la aprobación de dos reglamentos sobre la democracia interna y de alianzas electorales que deberán seguir los grupos políticos. Según el calendario, las democracias internas iniciarán el 9 de agosto.
El Consejo debatió el martes pasado estas normativas, pero se siguen incluyendo cambios.
En estas condiciones, los consejeros Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero se concentran en preparar sus pruebas de descargo a la Contraloría por la predeterminación de una sanción de destitución y multa por no acatar su recomendación de revisar la situación de los cuatro grupos políticos antes mencionados, de un informe emitido en agosto del 2019.
Y otro frente se abrió con el inicio de una indagación previa en la Fiscalía General en contra de Atamaint y Acero, por una denuncia planteada por los asambleístas Fernando Flores y Jeanninne Cruz, que las acusan de tráfico de influencias, en el contexto de la contración de Luis Loyo, exdirector de Procesos Electorales, y quien está detenido por ese mismo delito.
Las dos vocales deberán acudir a rendir versión el jueves próximo. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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