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Temer ha sido formalmente acusado de corrupción pasiva por la Fiscalía, pero la denuncia solo puede ser aceptada por el Tribunal si cuenta con el aval de 342 diputados, que representan las dos terceras partes del total de 513 escaños.
En caso de que la mayoría calificada se inclinara por aceptar los cargos, el Presidente sería suspendido de su cargo y destituido si, al cabo de los 180 días que pudiera durar el proceso, fuera hallado culpable.
En este marco, el Instituto Ibope divulgó ayer un sondeo que revela que el 81 por ciento de los brasileños considera que el presidente Temer debe ser enjuiciado penalmente por presunta corrupción. Según la encuesta, solo un 14 por ciento está en contra y un cinco por ciento no tiene una opinión formada.
El Gobernante ha sido implicado en asuntos de corrupción, según testimonios dados por directivos del gigante cárnico JBS, que han declarado que sobornan a Temer a cambio de “favores políticos” desde 2010 y que esas prácticas continuaron aún después de que asumió el poder, en mayo de 2016, tras la destitución de Dilma Rousseff.
Otra encuesta realizada por Ibope y publicada la semana pasada concluyó que la tasa de aprobación del Gobierno de Temer, que en los últimos meses ha impulsado un impopular paquete de reformas en las áreas social y económica, se encuentra actualmente en un cinco por ciento, la más baja desde que Brasil recuperó la democracia en 1985. (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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