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El informe no vinculante de la Comisión de Régimen Económico sobre el veto parcial al proyecto de Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria tendría votos suficientes para ser aprobado en el pleno.
Ayer los legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) y del Partido Social Cristiano (PSC) esperaban mantener una reunión, por separado, para definir su posición respecto al informe aprobado el domingo pasado.
Pero en las bancadas de CREO, BIN, BADI, SUMA, AP y aliados, existe apertura para apoyar el informe.
La comisión recomendó allanarse en doce de las trece objeciones que planteó el Ejecutivo al proyecto de ley urgente aprobado el 9 de diciembre.
El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza (AP), señaló que el veto mejora lo que la Asamblea logró consensuar en segundo debate, perfecciona la redacción de ciertos artículos y aclara algunos temas.
Resaltó que la objeción amplía beneficios y permite la eliminación del récord crediticio a los estudiantes que renegociaron sus deudas de crédito educativo. Además que da un impulso a los microempresarios con exenciones a los vinculados al sector de la fabricación de bebidas obtenidas de la fermentación de las frutas.
Y fomenta que la producción tenga más de un 70 % de productos nacionales. Amplía la exención del impuesto a los consumos especiales (ICE) para más productos agrícolas, alentando a ese sector.
Sobre el uso del espectro radioeléctrico se acogió lo planteado por el Ejecutivo para que el ente rector de las telecomunicaciones sea el que promoverá proyectos para la reducción de la brecha digital.
“Creo que es sano y coherente eliminar esta parte del proyecto, de manera que pueda ser tratado a profundidad en una reforma a la Ley de Telecomunicaciones”, anotó.
Gabriela Larreátegui indicó que recomendará a SUMA apoyar el informe del veto parcial porque se elimina el artículo sobre devengar el pago por el uso del espectro radioeléctrico y porque se elimina el inciso de la segunda disposición transitoria, que disponía la exención de los pagos pendientes del ICE para vehículos destinado al uso de la fuerza pública, cuya deuda supera los $21 millones.
La Asamblea insistirá en el texto original de que no haya límites para el envío de paquetes por parte de los ecuatorianos residentes en el exterior; para ello necesitan 91 votos.
Reacciones de sectores mencionados en nueva normativa
Idea del ‘devengamiento’ en telecomunicaciones quedó fuera
La decisión del Ejecutivo de dejar sin efecto el tema del devengamiento o también denominado “reinversión” de las empresas de telecomunicaciones llama la atención a Roberto Aspiazu, director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano, del cual la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) es parte.
El devengamiento se iba a utilizar como parte de pago del uso del espectro y por concentración de mercado, según el texto de la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria que fue iniciativa del Gobierno, explica Aspiazu.
Sin embargo, en el veto parcial del Ejecutivo esta propuesta ya no consta.
La idea, dijo el empresario, era que con esta figura se logre que haya inversiones efectivas en el sector de telecomunicaciones, pero todo ha regresado a la situación original.
Inicialmente, el Gobierno planteó que estas obras sean realizadas por las empresas. Luego hubo cambios en la Asamblea, que mantenían aún la figura de reinversión, pero se indicaba que las obras pasarían a manos del Estado. Finalmente, el veto dejó sin efecto el cambio.
Cámara de la Segunda Zona Agrícola
Sector agrícola de la Costa pide mismo trato que el de la Sierra
El sector agrícola de la Costa rechazó el proyecto de Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria aprobado por la Asamblea. El presidente de la Cámara de la Segunda Zona de Agricultura, Rafael Guerrero Roca, aseguró que no recoge las propuestas que el gremio realizó al Legislativo y al Gobierno, y además declararon persona no grata al ministro de Economía, Richard Martínez.
La razón, explicó Guerrero, es que dentro del proyecto se beneficia al sector de la Sierra, pero no hay el mismo trato para los de la Costa.
Guerrero pidió, principalmente, eliminar el IVA y el ISD para bienes de capital –como a los floricultores y las pasturas de la Sierra–, la apertura de la cuantía doméstica del diésel; eliminar el IVA y aranceles para maquinaria que utilizan los pequeños agricultores; que la tarifa eléctrica disminuya de $0,10 y $0,12 a $0,04 para el agro; financiamiento a diez años al 5 % de interés del tendido eléctrico trifásico; la liberación de impuestos para la importación de armas para el uso de los agricultores; y la exoneración del costo por el uso del agua de riego proveniente de ríos y fuentes naturales.
Asociación de Empresas de Mensajería
No hay necesidad de incremento de los cupos para paquetería
El número de paquetes que puedan enviar los migrantes desde el exterior al país está al momento en un compás de espera. El Ejecutivo vetó la eliminación del límite de número de estos envíos que la Asamblea había propuesto en la Ley de Simplificación y Progresividad tributaria. Sin embargo, la Asamblea ha dicho que tiene los votos para ratificarse.
Edith Villavicencio, presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Mensajería Expresa y Courier (Asemec), explicó que su gremio no trabaja directamente con migrantes, pero aseguró que las cifras indican que los cupos existentes no han sido saturados, por lo que no hay necesidad de ampliación, y por tanto no hace mucho sentido eliminarlos.
De todas maneras, recordó que cuando no existen los controles suficientes pueden darse casos como los ocurridos con el mal uso del menaje de casa.
Para Villavicencio, lo que sí sería muy importante es que el Gobierno piense en darles las mismas oportunidades a los residentes en Ecuador. El problema es que cuando un ecuatoriano quiere traer un bien paga altas tarifas de las que los migrantes están exentos. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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