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Colombia: Yuruparí y Malpelo en peligro por la pesca ilegal

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Por David Tarazona y Daniel Pardo, Cuestión Pública

Tres años después de su creación en 2017, el distrito de Yuruparí en Colombia, un área marina protegida de amortiguación para el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo, aún no cuenta con un plan de manejo que regule la pesca. Pese a ello, la resolución que creó Yuruparí dejó claro que la pesca industrial no tiene cabida allí. Es decir, que los aparentes casos de pesca que revelamos en esta investigación serían ilegales.

La pasividad de Parques Nacionales (PNN), la Autoridad Nacional de Pesca (AUNAP) y el Ministerio de Ambiente colombianos para diseñar el plan de manejo ha permitido pesca a escala industrial posiblemente ilegal en Yuruparí, donde habitan tiburones en peligro de extinción.

Esta investigación, realizada con la plataforma de posicionamiento satelital de embarcaciones Global Fishing Watch, arrojó que en Yuruparí, desde junio de 2018 hasta hoy, se realizaron diez aparentes esfuerzos de pesca por parte de tres barcos colombianos, dos panameños y uno ecuatoriano. También hallamos un aparente evento de pesca ilegal en el Santuario de Malpelo en 2017.

Hablamos de ‘aparente pesca’ puesto que, para afirmar con absoluta seguridad que se extrajeron recursos del área protegida, es necesario complementar los hallazgos hechos a partir de los sistemas satelitales, con una inspección en terreno que confirme presencialmente la pesca ilegal. De ahí, unas de las dificultades para rastrear este delito.

Las actividades detectadas en este reportaje fueron confirmadas por dos analistas de sistemas especializados en la visualización satelital de barcos y, según dijo Nicolás del Castillo, director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), serán revisadas y de confirmarse, se abrirán investigaciones. Este artículo forma parte del especial Pesca Ilegal: La gran amenaza a los santuarios marinos de Latinoamérica, bajo la coordinación de Mongabay Latam y en el que además participaron Diario EL UNIVERSO y el portal Ciper de Chile.

 

Riqueza en riesgo

El distrito de Yuruparí es un área protegida marina de 2,6 millones de hectáreas —similar al tamaño de Haití o Bélgica— contigua en su extremo oeste al Santuario de Malpelo, ubicado a 500 km. de Buenaventura mar adentro. Fue creado como área de amortiguación para proteger las especies y la biodiversidad de Malpelo. Este Santurario es una isla hermana del archipiélago ecuatoriano de Galápagos y conforman con Yuruparí un corredor vital para la conservación de la biodiversidad que va hasta la Isla de Coiba en Panamá y la Isla de Cocos en Costa Rica.

“Es una ruta migratoria para especies de mar abierto o depredadores pelágicos, entre ellos están los tiburones y las ballenas. La mayoría de estos tiburones están listados en categorías de amenaza. Proteger estos corredores biológicos es de gran importancia para conservar sus poblaciones”, señaló Diego Cardeñosa, biólogo e investigador de la Universidad de los Andes.

Un distrito de manejo integrado como Yuruparí es diferente a un Santuario de Flora y Fauna como Malpelo, a pesar de que tengan objetivos de conservación similares. En Malpelo, toda actividad pesquera está prohibida. En distritos como Yuruparí se permite el “aprovechamiento racional” de los recursos. En pocas palabras, en Yuruparí se podrá pescar, pero bajo condiciones que serán definidas por el Plan de Manejo. El problema es que dicho programa aún no existe.

Por ello no se han definido las actividades y artes de pesquería permitidas en el sector, las cuotas de pesca por especie, las medidas para proteger aquellas que están en peligro de extinción ni el personal y presupuesto de vigilancia.

Pero lo que sí está claro es que en Yurupari no está permitida la pesca industrial.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible clasificó en 2017 a Yuruparí en la categoría VI de áreas protegidas. Esta categoría “no está designada para permitir cosecha (pesca) industrial a gran escala”. La Armada y la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca aseguraron que la pesca está prohibida en áreas reservadas como Yuruparí por la Ley de Pesca aprobada en 1990.

Para Melany Villate, bióloga especializada en tiburones, es irónico que existan áreas con una normativa tan estricta como Malpelo junto a zonas sin una normativa clara. Al no existir la reglamentación de Yuruparí, “finalmente están pescando las especies que viven en Malpelo. Esas especies no tienen un registro de a dónde pueden y no pueden ir”, afirmó Villate.

La pesca sigue con la flota colombiana

Mientras llega el plan de manejo, Yuruparí es una especie de viejo oeste oceánico, en el que barcos con antecedentes aprovechan para pescar en mar revuelto.

Cuestión Pública confirmó que tres embarcaciones operadas por Seatech International Inc. —productora del atún Van Camp’s y con sede en Cartagena e Islas Vírgenes Británicas— han realizado cuatro aparentes esfuerzos de pesca en Yuruparí, según información de la base de datos de Global Fishing Watch. De acuerdo con una investigación periodística de La Liga Contra El Silencio –una alianza de medios independientes colombianos a la que Cuestión Pública pertenece– y confirmada por el Registro Nacional Pesquero, el operador de las naves es el gerente de Seatech, Diego Canelos Velasco, ecuatoriano nacionalizado colombiano. La operación de un barco significa que una compañía tiene un permiso con el fin de usarlo para la pesca, comercialización, transformación y extracción, explicó la Autoridad de Pesca.

El propietario de los tres barcos es Tuna Atlantic Ltda. Tanto Tuna como Seatech tienen accionistas en común: las firmas panameñas Andean Trading International Inc. y Altman Corporation.

El primero es Dominador I, que realizó aparentes esfuerzos de pesca en Yuruparí en noviembre 6 y 14 de 2018. Es una embarcación colombiana, de propiedad de la empresa Tuna Atlantic Ltd., que ha sido investigada por pescar en 2009, 2010 y 2011 sin estar registrada en la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) —el organismo que regula la pesca de este recurso—, a pesar de que dicho registro es obligatorio. Colombia revocó su licencia de pesca en 2012, pero en los registros de la CIAT está actualmente habilitada para esta actividad. También fue investigada por pescar en un espacio ocupado por delfines sin llevar a bordo un observardor científico en 2015, como reportó la Autoridad Nacional de Pesca.

La segunda embarcación es Sea Gem, que realizó aparentes esfuerzos de pesca en Yuruparí en junio de 2019. Sus antecedentes incluyen arrojar residuos, un descarte de atún —investigado por la AUNAP y cerrado por caducidad en 2013— y buscar peces en época prohibida en 2011, según la CIAT. Un descarte se presenta cuando un barco arroja muertos al mar una porción de los atunes que había capturado, lo cual es considerado un desperdicio de recursos pesqueros e inconsistente con la pesca responsable, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

 

Malpelo, foto de Juan Mayorga

Un tercer barco de Tuna Atlantic, Cabo de Hornos, realizó aparentes esfuerzos de pesca en Yuruparí en 2017. En 2018 habría ejecutado un aparente apagado del sistema de detección satelital AIS. Los barcos llevan estos sistemas que son utilizados por las autoridades para vigilar sus trayectorias y así evitar la pesca ilegal. Si están apagados no es posible verlos.

Otros antecedentes incluyen pescar y arrojar cadáveres de tiburones, atún y residuos al mar en 2011. De acuerdo con la AUNAP, la embarcación ha sido investigada por casos de descartes en 2011 y 2013.

La nave Cabo de Hornos además fue sancionada en 2012 y 2016 por aleteo –la práctica de cortar las aletas del tiburón y arrojar al mar el resto del cuerpo–y pesca ilegal respectivamente. En este último caso, se incautaron 70 toneladas de atún pescado ilegalmente en el área protegida Zona Exclusiva para la Pesca Artesanal en Bahía Solano, en el departamento de Chocó, informó el medio Agenda del Mar. Tuna Atlantic fue sancionada con unos $13 mil (52 millones de pesos) y, según el reporte de la AUNAP, solo se dio el “decomiso de 25 toneladas” de atún.

Según la CIAT, el barco es propiedad de la panameña Los Caobos Internacional S. A., pero en el Registro Nacional de Barcos Pesqueros colombiano aparecen Los Coabos y Tuna Atlantic Ltda.

Se le preguntó al director de la AUNAP, Nicolás del Castillo, por qué este barco estaba circulando en Yuruparí y el funcionario respondió: “seguramente hubo una investigación administrativa. Desconozco el caso. Al verlo que llegó a Bahía Solano se hizo la denuncia y esa denuncia de pronto terminó en nada y por eso está pescando hoy”.

Todas estas embarcaciones con antecedentes por malas prácticas estarían operando en un área protegida donde la pesca a gran escala no está permitida.

Para Del Castillo, el plan de manejo de Yuruparí no es prioritario: “Tenemos otras cosas más importantes para el país. Nosotros con el Gobierno hicimos eso (la aprobación del distrito de Yuruparí) porque Colombia debía responder con unas áreas protegidas ante la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos)”. La Organización invitó a Colombia a ser miembro en 2018.

Y añadió: “Yo pienso que las naves colombianas sí deberían pescar ahí, pero tenemos que conciliar entre todos. El sector privado es el que lo jalona a uno. No es que sin presión no trabajemos, pero se necesita. Los industriales llegan y dicen: “miren, queremos pescar en esa área”. Si ellos no lo han dicho, no les abran las intenciones”. El plan de manejo, que evitaría que pesquerías industriales capturen los recursos naturales, podría tardar dos o tres años más, explicó.

Sin un plan de manejo, Yuruparí “se vuelve como un papel que dice que no se puede pescar, pero si no se hace un control y vigilancia efectivo es muy poco probable que las pesquerías industriales respeten eso”, comentó el biólogo Diego Cardeñosa.

Seatech y el poder

Seatech International, la empresa que opera los barcos de Tuna Atlantic, tiene como Diego Canelos Velasco, como su suplente a Agusuto Zárate Gutiérrez y como su representante legal a Jaime Dávila Pestana, todos financiadores de campañas del uribismo. Cuestión Pública encontró que Seatech donó $104.462 (400 millones de pesos) al partido de Gobierno Centro Democrático, en 2018. A su vez, la Liga Contra el Silencio reveló que Diego Canelos donó $20.892 a la campaña presidencial de Iván Duque.

La captura, procesamiento y comercialización de productos pesqueros quedó exenta del IVA (Impuesto al Valor Agregado) en la reforma tributaria firmada por Duque en diciembre de 2019. Este posible conflicto de interés fue denunciado entonces por el representante a la Cámara Juan Carlos Losada (Partido Liberal).

Estas donaciones son permitiddas en Colombia y no es la primera vez que Seateach o sus directivos las han hecho. Ocurrió lo mismo entre 2006 y 2014.

Registrada en Cartagena e Islas Vírgenes Británicas, Seatech cuenta con un patrimonio de unos $43,6 millones y sus dueños son los mismos de Tuna: Altman Corporation y Andean Trading. Esta última es una sociedad panameña que ha tenido a Augusto Zárate como director y secretario y que ha sido representada por Canelos. Zárate es hijo del fallecido Gabriel Humberto Zárate Sánchez, cofundador del tercer banco más grande de Colombia, Davivienda.

Los otros barcos

Pero no solo embarcaciones colombianas han actuado en Yuruparí. El primer barco panameño, Templario I, propiedad de Tuna Liner Corporation y con permiso de pesca bajo la colombiana N Y N Shipping SAS, registró en 2019, según la plataforma Global Fishing Watch, cuatro aparentes esfuerzos de pesca. Antecedentes de la nave incluyen realizar una presunta pesca ilegal de atún en el área protegida ZEPA del Chocó en 2008, otra en época de veda en 2011 y la sospecha de vertimiento de combustible en 2016 en aguas chocoanas. También tuvo una queja de pesca en la Zona Especial de Manejo Pesquero del Chocó en 2018, un aparente apagado de su sistema de localización AIS en abril —antes de ingresar al área protegida y realizar una posible pesca— y octubre de 2019.

En abril de 2019, Templario I aparentemente apagó su sistema de localización internacional (AIS) antes de entrar a Yuruparí y realizar un posible evento de pesca. ¿Cómo lo sabemos? Global Fishing Watch muestra dos recorridos que se superponen y que corresponden a la misma nave. En rojo, el sistema satelital AIS dejó de transmitir, mientras que el segundo, en azul, continuó funcionando.

El gerente de N Y N Shipping SAS, la empresa con el permiso de pesca, es Miguel José Navas Trucco y el subgerente es Enrique Miguel Gerlein Navas, sobrino de políticos colombianos. Como informó El Confidencial de España, Gerlein Navas ha sido accionista minoritario de Inassa, el ‘holding’ para inversiones en Colombia y Suramérica del Canal de Isabel II —empresa pública española que realiza el manejo de aguas en Madrid—, conglomerado investigado en España y Colombia por un caso de corrupción y desfalco entre los años 2000 y 2017. Según El Español, informes del de la agencia antidrogas estadounidense DEA (Drug Enforcement Administration) relacionaron a Gerlein con presuntas actividades de blanqueo de capitales.

El segundo barco panameño que habría ejecutado un aparente evento de pesca en Yuruparí es Baraka, propiedad de la compañía del país del istmo Navatún S. A.y con permiso de pesca en Colombia bajo la empresa Agencia Marítima Colombian Seas SAS (Acolseas). Realizó un aparente esfuerzo de pesca en Yuruparí en marzo de 2020. Los antecedentes de la nave incluyen un posible esfuerzo de pesca en el Santuario de Malpelo, cuatro días después de su ampliación en octubre de 2017; es decir que habría sido ilegal. Y un proceso preliminar por un lance sobre delfines en 2018.

Un tercer barco, pero no panameño, sino con bandera ecuatoriana con nombre María Isabel, registró un aparente evento de pesca en Yuruparí en agosto de 2018. Maria Isabel no está en el Registro de pesca colombiano, aunque sí cuenta con permiso de pesca de la Dirección General Marítima (DIMAR) para Balvino Gutiérrez Martínez SAS y en Perú y en la CIAT bajo la compañía Corporación Ecuatoriana de Pesca Ecuaoceánica S. A.

Los seis barcos mencionados en esta investigación, tanto colombianos como panameños y ecuatoriano, tienen trayectos hacia el puerto de Manta en Ecuador.

La pesca ilegal en el Santuario de Malpelo desde 1995

En el Santuario de Malpelo toda pesca es ilegal desde 1995. Sin embargo, hay barcos costarricenses y ecuatorianos pequeños y medianos que pescan tiburones allí. Estas embarcaciones no tienen ningún dispositivo satelital que permita rastrearlas.

Estos animales son usados para abastecer el mercado de aletas en China, Taiwán y Hong Kong para elaborar sopa. El platillo puede costar hasta $200 y un kilo de aleta, $300.

Un estudio genético del biólogo Cardeñosa, próximo a publicarse, demostró que hasta el 85% de aletas de tiburón martillo y zorro que se consumen en Asia provienen del océano Pacífico Oriental, incluido Yuruparí. Parte de estas aletas proviene del aleteo. Felipe Ladino, ecólogo de la Fundación Malpelo, señaló que de 2009 a 2019 la población de tiburón martillo en el Pacífico Tropical colombiano disminuyó hasta en 90 %.

Nicolás Bernal, jefe de área del Santuario de Flora y Fauna de Parques Nacionales, confirmó que “naves nodrizas en aguas internacionales surten a estas embarcaciones con hielo y combustible día a día”. Esto lo hacen por lo lejos que se encuentra Malpelo del continente colombiano. Analistas de Global Fishing Watch encontraron un aparente caso de este tipo en agosto de 2019, en el que las inusuales luces nocturnas de un barco tanquero de bandera maltesa podrían demostrar que estaba trabajando en labores de suministro de gasolina a naves en áreas próximas al Santuario.

Los barcos encontrados en esta investigación son atuneros y si aparentemente están pescando en Yuruparí, podrían estar capturando incidentalmente tiburones en peligro.

Para las autoridades, la lucha contra la pesca ilegal en Malpelo no es fácil. Las grandes naves son monitoreadas satelitalmente por las autoridades colombianas. Pero con las pequeñas embarcaciones se depende del alcance visual que da el monitoreo. Si el personal detecta alguna embarcación sospechosa, da aviso a la Armada que no siempre puede responder. “Dependiendo de la disponibilidad, hacen la verificación”, dijo Robinson Galindo, director de la Territorial Pacífico de PNN, la división que administra Malpelo y Yuruparí.

Con base en documentos de la Armada y notas de prensa, Cuestión Pública encontró 41 registros de pesca ilegal en el Santuario de Malpelo entre 2008 a 2019.

La falta de presupuesto y personal dificulta la vigilancia y control. De acuerdo con Robinson Galindo, “Parque Nacionales no cuenta con embarcaciones permanentes para haciendo recorridos ni con tecnología para interceptar y hacer verificaciones de manera rápida. Hace falta mejorar la infraestructura y se necesitan recursos para aumentar la capacidad operativa”.

Nicolás Bernal coincidió con Galindo: “Se trabaja con las uñas. Yo diría que es una sexta parte de lo que se requeriría para hacer una gestión eficiente, sobre todo después de la ampliación (de Malpelo en 2017). Se amplió el área, pero no el presupuesto”.

A diferencia de Malpelo, la Armada colombiana indicó que en Yaruparí no han realizado incautaciones por pesca ilegal desde 2011. Sin embargo, Parques Nacionales informó que en marzo de 2020 retuvieron en Yuruparí al barco costarricense Amanda M con 280 kilos de tiburón martillo y 70 de tiburón sedoso.

Con poco presupuesto y personal se dificulta vigilar las 2,6 millones de hectáreas de Malpelo ni otras tantas de Yaruparí.

 

Yuriparí, Parques nacionales de Colombia

“En Yuruparí no existe un punto de referencia erigido como la Isla de Malpelo, sino una zona donde solo se ve agua. Aunque en radares sea fácil encontrar las embarcaciones, las distancias son bastantes amplias. Es un control difícil de realizar”, comentó Diego Cardeñosa.

Al cierre de esta publicación, el Ministerio de Ambiente, Seatech International ni N y N Shipping respondieron a los pedidos de entrevistas. (I)

FUENTE: EL UNIVERSO

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