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La comisión ocasional que investigó los hechos relacionados al paro nacional de octubre no determinó responsabilidades políticas sobre los hechos suscitados en las manifestaciones de octubre, pero incluyó como primera conclusión que la expedición de Decreto 883 fue el detonante de las protestas.
El informe fue aprobado por seis votos. El legislador César Rohón (PSC), minutos antes de aprobar el documento abandonó la sesión y pidió que le remitan el documento final para definir si se adhiere al mismo o presenta un informe de minoría.
La comisión presidida de Fernando Burbano se integró el 24 de octubre pasado y estableció un cronograma que implicó comparecencias de al menos 76 personas y representantes del gobierno, quienes rindieron versión sobre los hechos.
La comisión tampoco pudo determinar el número de fallecidos, heridos y detenidos, ni sus causas, porque en el contenido del informe que recoge la información que presentó el gobierno, entidades de defensa de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo presentan diferentes estadísticas que no coinciden.
Por ello, dieron un plazo de 30 días al Ministerio de Gobierno, la Fiscalía General y al Ministerio de Salud para que presenten un informe detallado sobre el número total de personas fallecidas y sus causas en el marco de las protestas del 2 al 13 de octubre de 2019.
Señaló que con los testimonios recibidos se concluye que fueron afectados algunos derechos, como el derecho a la vida, la integridad personal, la salud, el trabajo, la libertad personal, la libre movilidad, la libertad de expresión y el acceso a la justicia.
Que existe una preocupación especial por las personas fallecidas y sus familiares, los heridos con lesiones irreversibles, los periodistas agredidos, los agentes del orden público agredidos, los detenidos de forma arbitraria, asi como la afectación a los derechos económicos a terceros. Así también, la comisión dejó constancia, que hubo un uso excesivo de la fuerza que deberá ser investigado.
Que la suspensión de servicios públicos de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, la paralización de la actividad hidrocarburífera, daños contra ambulancias, instituciones y bienes publicos. Los incendios del edificio de la Contraloría y la irrupción a la Asamblea son delitos que deben ser investigados conforme manda la Ley.
Los asambleístas condenan todos los actos de violencia organizada, mediante el uso de artefactos de fabricación artesanal tales como bombas molotov, tubos metálicos lanza proyectiles y explosivos que fueron usados en algunas manifestaciones contra agentes estatales. Que se evidencian varias afectaciones económicas sobre el comercio, la producción, la industria, turismo y las exportaciones; también se resaltan afectaciones a bienes y a la propiedad privada por saqueos y acciones provocadas por actores externos al paro nacional. Estas acciones ocasionaron importantes perjuicios a la economía nacional, así como a las familias ecuatorianas.
Igualmente, condenan los ataques a los medios de comunicación y periodistas que provinieron de la fuerza pública y de los manifestantes, y se rechaza las retenciones cometidas a los periodistas en contra de su voluntad.
Frente a esos hechos, la comisión recomendó al gobierno propiciar el diálogo efectivo y permanentes con todos los actores sociales, para que a futuro las medidas que sean implementadas partan de consensos.
Remitir toda la información recabada de los testimonios, informes y demás antecedentes objeto de la investigación a las autoridades competentes, con el fin de que todas las actuaciones que pudieran constituir delitos o violaciones a los derechos humanos sean investigados y los daños ocasionados a las víctimas sean reparados integralmente.
Que el Estado ecuatoriano observe los informes y recomendaciones sobre los exámenes periódicos y medidas cautelares emanadas de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos.
Durante el debate, la asambleísta Doris Soliz (RC), planteó que se incluya en el informe que el pleno debate un pedido de amnistía a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y los dirigentes de la Revolución Ciudadana Virgilio Hernández y Christian González, procesados por rebelión y que guardan prisión para investigaciones.
El informe pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional y será esa instancia quien tome una resolución sobre las conclusiones y recomendaciones realizadas por la comisión que indagó los hechos ocurridos en las protestas de octubre. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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