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La Cancillería publicó que las observaciones finales están contenidas en un informe de ese Comité de la ONU el pasado 25 de agosto en referencia a los informes periódicos 23.º y 24.º defendidos en Ginebra por el Estado ecuatoriano el 8 y 9 de agosto del 2017.
Según la fuente, esa instancia reconoce la aprobación en el 2014 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad: 1) de género, 2) intergeneracional, 3) de pueblos y nacionalidades, 4) de discapacidades y 5) de movilidad humana.
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Resalta, además, la creación de la Agenda Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades (ANIPN) 2013-2017, y los esfuerzos en marcha para el desarrollo de la nueva Agenda para el período 2017-2021.
Otro aspecto que destacan es la implementación del Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV) 2013- 2017, basado en la cosmovisión indígena, que le permitió al Estado una drástica disminución de la pobreza, la universalización de la matrícula en la educación básica, el acceso a la educación superior, al empleo, y a la seguridad social, entre otros.
Exaltan la acción afirmativa en el ámbito laboral, incluyendo la vinculación en la Carrera Diplomática de setenta integrantes de pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios. De igual manera, destacó la asignación de un 5% de la programación diaria de los medios de comunicación a contenidos interculturales.
Por otro lado, la penalización de actos de racismo y discriminación racial en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) vigente desde el 2014, también fue enfatizada como una acción positiva.
El Comité reconoció la adopción de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que entró en vigor en febrero del 2017, así como la estrecha colaboración entre el Ecuador y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
En tanto, las recomendaciones de dicho Comité al Estado ecuatoriano e deberán ser respondidas en la próxima entrega de informes sobre la materia.
Los días 8 y 9 de agosto pasado, una delegación del Estado ecuatoriano, presidida por la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, se resaltó los avances de los últimos años (2012 -2016) para cumplir con la aplicación de la Convención, con énfasis en las medidas legislativas, judiciales, administrativas y pragmáticas para evitar la discriminación.
“En todos esos temas, Ecuador es un líder, un referente regional, con la ciudadanía universal por ejemplo, que coloca a otros países a discutir el tema de la libre movilidad, el derecho de una persona, a moverse o a mantenerse en el mismo lugar como es su derecho y como protegemos a tantos ciudadanos y a tantas familias migrantes ecuatorianas”, dijo Alvarado en declaraciones a Andes al concluir el ejercicio.
FUENTE: EL TIEMPO
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