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La pandemia de COVID-19 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a realizar compras urgentes de bienes e insumos y a contratar servicios muchas veces esquivando pasos en los procesos de compras debido a la emergencia y dando pie a que la corrupción se haga presente.
“En la situación de emergencia de salud en la que está la población hay que responder con herramientas de transparencia”, afirma Pablo Secchi, director ejecutivo de la fundación Poder Ciudadano, capítulo argentino de Transparencia Internacional (TI).
Bruno Brandao, el director de TI en Brasil, explica que en la actual crisis los Gobiernos “están abriendo extraordinariamente el gasto público” para hacer frente a la crisis y dice que “ahí están los riesgos de que grupos con acceso privilegiado” obtengan beneficios que solo perjudican al pueblo.
El organismo dice que “es esencial que la transparencia, la apertura y la integridad se mantengan y refuercen las compras y contrataciones públicas durante la emergencia declarada” en América Latina.
Sin embargo en los más de dos meses que lleva la emergencia afectando a la región, que ahora es considerada el nuevo epicentro del virus, los casos de sobreprecios no han tardado en aparecer, desencadenando despidos de funcionarios y la apertura de investigaciones judiciales.
En Ecuador la compra de al menos 7000 kits de alimentos con supuestas ilegalidades consentidas por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, es uno de los casos de corrución que se presentó. La Contraloría detectó una diferencia entre el precio de los kits comprados y el valor ofrecido por el mismo en otros proveedores.
Los sobreprecios en alimentos también se registraron en la compra de fideos en Argentina, un paquete de 500 gramos fue adquirido en 84,84 pesos ($1,05), cuando el mismo producto cuesta 30 pesos ($0,37) en un supermercado general.
En algunos municipios de Colombia también se detectó sobreprecio, como en el caso de Arauca donde miles de latas de atún que se venden en $1,54 fueron adquiridas en $4,87 para los kits alimenticios.
En Brasil, el segundo país más afectado por la pandemia en el mundo y el primero en la región, se presentaron irregularidades en cuanto a la construcción de hospitales de campaña para atender a pacientes con el virus en Río de Janeiro que apuntan al gobernador Wilson Witzel y otros funcionarios, de quienes ya la policía ha realizado allanamientos a sus viviendas.
En la lista figura también Bolivia, donde la denuncia de sobreprecio en la compra de 170 respiradores a una empresa española en medio de la crisis sanitaria y que llevó a la presidenta interina, Jeanine Áñez, a retirar del cargo al ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien ya fue detenido.
En Perú se registraron denuncias de corrupción en compras de equipos de bioseguridad y desatención a los policías las que ocasionaron la salida del ministro del Interiorr.
En Panamá, Honduras y Guatemala también se han abierto investigaciones por supuesta corrupción en compras públicas de insumos para enfrentar la crisis del COVID-19, tras denuncias de varias ONG y de la ciudadanía.
En tanto en Venezuela y Nicaragua, donde las cifras de contagios por el virus son cuestionadas, y figuran entren los países más corruptos de América Latina, no existen registros de compras publicas desde hace más de 20 años, según TI.
Ante estos hechos, TI y sus capítulos presentes en la región, dicen que debe existir publicidad suficiente sobre la información sobre compras gubernamentales vinculadas con la emergencia y evitar pactos entre actores políticos que resulten en especulación de precios de insumos y servicios.
“Los riesgos de corrupción suelen incrementarse en tiempos de crisis. Pero si las nuevas tecnologías se complementan… lograríamos reducirlos. Los datos abiertos son esenciales para una gestión óptima de la crisis sanitaria y los programas de emergencia”, dice Carlos Santiso, director de la Dirección de Innovación Digital del Estado en la CAF.
Para blindarse contra la corrupción durante la crisis del COVID-19, la CAF plantea tres ámbitos en que los países de la región deben fortalecerse.
Primero la rendición de cuentas orientada a resultados, para garantizar el destino de recursos que administran los gobiernos y las organizaciones multilaterales.
En segundo lugar la publicidad de la contratación directa de emergencia que no solo permitirá mostrar a la ciudadanía las actuaciones del Gobierno, sino aumentar el número de ofertas.
Por último la digitalización de todas las etapas de los procesos con un instrumento conocido en compras y contrataciones tanto para gobiernos como para organismos internacionales como es el Acuerdo Marco de Precios (AMP), un contrato entre un comprador y uno o varios proveedores, para la entrega bajo condiciones especiales de precio y suministro de ciertos bienes o servicios. .
“La transparencia no debería pasar al segundo plano durante la crisis, todo lo contrario. Es clave que los gobiernos integren el uso de datos y de las nuevas tecnologías en sus procesos y logren con ello mitigar los riesgos de corrupción y atender de manera oportuna la emergencia de la pandemia global”, dice Santiso. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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