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El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) anunció la implementación de protocolos de ingreso al país, durante la vigencia del estado de excepción, para niñas, niños y adolescentes que están fuera del país, sin sus padres o tutores legales; así como mujeres en estado de gestación, personas con discapacidades y de adultos mayores.
Asimismo hizo un llamado a la Asamblea Nacional, para que las solicitudes de comparecencias a las autoridades del Estado se posterguen, hasta que la emergencia sanitaria por el coronavirus sea superada.
La decisión de implementar protocolos de ingreso al país se da en medio de cientos de pedidos de ecuatorianos que están fuera y que no pueden ingresar luego de declarado el estado de excepción.
Esta resolución la expuso este lunes el canciller José Valencia, ante la Comisión legislativa de Soberanía y Relaciones Internacionales, que pedía su comparecencia por tercera ocasión a fin de que explique la situación de los ecuatorianos que piden la intervención del Estado para su retorno a casa, tomando en cuenta que mediante Decreto se cerraron los aeropuertos internacionales por la emergencia sanitaria.
En la resolución, el COE recuerda que la emergencia está desde el 12 de marzo pasado, y que tomando en cuenta la prioridad, por el momento, se centra en atender la emergencia sanitaria vigente por el COVID-19, en todo el territorio nacional.
Valencia explicó en su misiva, enviada a la Asamblea, que es imposible acudir a las reuniones virtuales en razón de sus múltiples obligaciones que exigen su participación en el COE nacional, y que además, por las disposiciones laborales para el sector público, no podrá contar con el apoyo presencial de sus colaboradores y con los archivos físicos de la gestión desempeñada por él.
Los miembros de la Comisión de Soberanía rechazaron la postura del canciller, por lo que su titular Fernando Flores anunció que hará todas las gestiones para juzgar al funcionario por desacato, que insistirán en su presencia, y que, independientemente de ello, continuarán realizando las gestiones necesarias para ayudar a los 3500 ecuatorianos que piden que el Gobierno los ayude a regresar al país.
Fabricio Villamar (Ahora), dijo que la resolución del COE nacional es inconstitucional, porque afecta a la atribución que tiene la Asamblea Nacional para realizar su tarea de Fiscalización. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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