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CPCCS recaba información para determinar cuándo se configura la ausencia definitiva del defensor del Pueblo, Freddy Carrión

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La configuración de la ausencia definitiva de Freddy Carrión, como titular de la Defensoría del Pueblo deberá esperar, mientras el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) toma una decisión que podría ser nombrar a una autoridad encargada, que recaerá en una “tercera persona” para evitar “las disputas” por el poder.

Virtualmente, este 17 de agosto se cumplirían tres meses de la ausencia temporal de Carrión, quien guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, investigado por presunto abuso sexual.

Sin embargo, se analiza si esta ausencia temporal se configuraría en septiembre, debido a que Carrión solicitó oficialmente vacaciones desde el 17 de mayo (cuando fue detenido) hasta el 17 de junio pasado.

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El CPCCS deberá establecer cuándo se termina esa ausencia temporal y se convierte en definitiva, en cumplimiento al artículo 15 de la Ley de la Defensoría.

Este dispone en el segundo inciso que en “caso de ausencia temporal del defensor del Pueblo, lo reemplazará quien ejerza la vicedefensoría. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de tres meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Luego de vencido el plazo de tres meses, la ausencia se considerará definitiva”.

Se establece que en caso de ausencia definitiva de la autoridad, será el CPCCS quien “procederá a encargar” a una persona que ejercerá las funciones hasta la realización del concurso público que designe a un nuevo titular.

Solo si Carrión renuncia ante la Asamblea Nacional, asumirá el cargo la vicedefensora, mientras se elige a un nuevo defensor.

El presidente encargado del Consejo de Participación Ciudadana, David Rosero, informó que han solicitado información a diferentes instituciones para conocer, por ejemplo, sobre la temporalidad en cuanto a las vacaciones que solicitó Carrión.

Este 17 de agosto, en una entrevista en radio La Poderosa explicó que con base en esa información se elaborará un informe jurídico que será conocido por el pleno y se resolverá la situación de la institución.

“El Consejo solicitó información a todas las instituciones, incluida la Defensoría del Pueblo, para tomar medidas y una resolución, previo a un informe jurídico que debe ser levantado acorde a la información que se entregue”, expresó Rosero.

Esta información contempla “el estatus sobre las vacaciones, licencias (…)”, pero además, añadió Rosero, información respecto del estado legal de Carrión sobre la “presunción de inocencia”.

Actualmente, la Defensoría está presidida por la defensora subrogante Zaida Rovira, quien ha explicado que hay dos criterios jurídicos, de que la ausencia definitiva se configuraría desde cuando Carrión salió de vacaciones, y otro que señala que se contabilizan después del último día de sus vacaciones, por lo que esta ausencia temporal se extendería hasta el 17 de septiembre.

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Por otro lado, la exdelegada de la Defensoría en Carchi Tania Castillo reclama ser la defensora subrogante, amparándose en una resolución del propio CPCCS, emitida el 23 de julio, y ha intentado en tres ocasiones tomar posesión del cargo.

Según Rosero, en el caso de que se configure la ausencia definitiva se nombrará a una autoridad encargada que “podría ser una tercera persona para evitar esta disputa que lamentablemente se ha desarrollado por la ambición de poder entre las personas que están en este momento”.

En tanto se configuran los escenarios estipulados en el artículo 15 de la ley, Rovira se mantendría en el cargo.

Carrión fue llamado a juicio como presunto autor del delito de abuso sexual, luego de asistir a una reunión entre el 15 y 16 de mayo en la casa del exministro de Salud Mauro Falconí, cuya pareja denunció el hecho.

Desde el 17 de mayo cumple la orden de prisión preventiva, que se ratificó en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que la presidió el juez Luis Rojas Calle en la Corte Nacional de Justicia.

De forma paralela, en el Legislativo se alista un juicio político por la causal de falta de probidad notoria que se tramita en la Comisión de Fiscalización. (I)

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