Entre los puntos más importantes se encuentra el de reducción del gasto en personal, que dispone la unificación de la escala remunerativa del personal de apoyo de las empresas y banca pública.
Entre otras normas, reajusta en un 10 por ciento las remuneraciones de altos cargos en el grado dos del nivel jerárquico superior en adelante, a partir de este mes, y suspende el beneficio de ‘eficiencia’ para los ejercicios fiscales 2017 y 2018.
La medida afectará a quienes perciban sueldos desde los 2.368 dólares hasta los 6.261 dólares mensuales, sin embargo, estos reajustes no se aplicarán a los directores y gerentes de hospitales, centros o unidades de salud; en educación, a director o rector cuatro, o a miembros activos de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador.
El decreto también elimina las vacantes en todas las instituciones del Estado, fija un máximo de 30 horas extraordinarias de trabajo para los servidores públicos, previa autorización, y racionaliza el pago de viáticos por gastos de residencia.
Acuerdo
En este marco, el legislador de Alianza PAIS, Juan Cristóbal Lloret, expresó que esta medida responde a la situación de ajuste que experimenta el país en materia económica. «Con este Decreto existe la posibilidad de utilizar de mejor manera los recursos públicos. Creo que es acertado», manifestó.
Por su parte, el legislador de PAIS, Juan Cárdenas, aseguró que se debería analizar el alcance del Decreto y su aplicación en las demás funciones del Estado. «No se puede disminuir los derechos adquiridos por los empleados y trabajadores, es un asunto que tiene que pasar por una observación de carácter constitucional», afirmó.
El parlamentario Luis Fernando Torres, del PSC, manifestó que el Decreto es social y políticamente bien recibido por las señales que desde el Ejecutivo se da sobre la utilización de los bienes y recursos públicos.
Para Fabricio Villamar, de CREO, el ahorro económico de esta medida no será importante pero resaltó que se han establecido controles a procesos de contratación y gastos que no son indispensables, como la publicidad.
Vacantes
De su parte, el ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, afirmó que aún no se contabiliza cuántas vacantes están disponibles en las instituciones públicas.
“Tenemos que hacer un análisis porque tenemos que recoger todas las vacantes de todos los ministerios y contabilizarlas”, manifestó.
El titular de esta cartera de Estado acotó que “esto es para poder establecer un monto exacto del ahorro”. Además, dijo que se analiza una ampliación del Decreto, es decir, que esta medida alcance a otras funciones del Estado. (VDS) (I)
Ajuste heterodoxo
El analista en políticas económicas, Marcelo Varela, indicó que el Decreto 135 es una medida común y está dirigida al gasto corriente y no al gasto social. «El alcance económico en estos meses será cerca de 400 millones de dólares, en esta austeridad fiscal. Pero lo fundamental es que este ajuste a los egresos es heterodoxo, es decir, un ajuste diferente al tradicional, así como técnico porque optimiza los egresos del Estado».
Para Varela, incluso la disminución de los salarios en el jerárquico superior se debió profundizar a todo el sector público que actualmente lo componen 760.000 personas, pues la decisión como está determinada va dirigida a 7.800 funcionarios. «Creo que, desde el nivel siete al nivel 20, se puede tomara esta medida», acotó.
Un punto adicional que destaca el analista es la eliminación de las vacantes en las instituciones del Estado. «Muchas de esas vacantes deberían estructurarse en una condición de nombramiento», afirmó.
Sin embargo, sobre este aspecto, el titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Senescyt, Augusto Barrera, señaló que se solicitará una aclaración con respecto a las vacantes en las instituciones de educación superior.
«Estoy casi convencido que las vacantes en universidades, evidentemente, no están sometidas al Decreto, así como el salario de los docentes, seguramente, están excluidos.», expresó Barrera. (VDS) (I).,,
FUENTE: EL TIEMPO
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