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En el texto rubricado se hace referencia al artículo 53 de la Constitución, que establece que solo la Cámara de Diputados ejerce el derecho de acusar ante el Senado a altos funcionarios como el Presidente en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, así como por crímenes comunes.
Para que se pudiera llevar a cabo este juicio que los diputados reclaman, sería necesaria la aprobación de la mayoría de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, compuesta por 257 miembros.
Un sector de base peronista, se mostró a favor. “Nosotros somos una oposición constructiva que quiere ponerle límites al Gobierno y controlarlo. Los argentinos necesitan de una clase dirigente responsable y constructiva”, señaló la diputada Graciela Camaño.
Deuda
Este pedido de juicio político se produce un día después de que el ministro de Comunicaciones, Óscar Aguad, acudiera a una comisión de la Cámara Baja para comparecer sobre el concurso de acreedores de Correo Argentino, empresa que tuvo a su cargo el servicio postal oficial entre 1997 y 2003 y cuyos accionistas son hermanos, hijos y sobrinos de Macri.
La controversia se encendió hace dos semanas, cuando la fiscal que interviene en el concurso objetó el acuerdo al que llegó en 2016 el Estado con la empresa, sobre la millonaria deuda.
La deuda del Correo Argentino se remonta a 2001 y asciende a 292 millones de pesos que equivale a 292 millones de dólares en aquel momento, cuando regía la ley de la convertibilidad cambiaria.
La empresa estaba entonces administrada por el padre del actual Presidente, el empresario Franco Macri, y tenía la concesión oficial de los servicios postales pero entró en concurso de acreedores en medio de la grave crisis económica que azotó a Argentina ese año. Durante los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015 no se logró cerrar el litigio.
Seis meses después de la asunción de Macri, a mediados de 2016, se alcanzó este primer acuerdo que, explicó la Fiscalía, supone perdonar 4.000 millones de pesos, ahora 256,24 millones de dólares, y cerca de 70.000 millones a 2033, más de 4.000 millones de dólares, año en el que la empresa terminaría de pagar la deuda. (I)
Los tarifazos de hasta 700% a la población
El Gobierno del presidente liberal Mauricio Macri ha elevado las tarifas de los servicios públicos en hasta un 700 por ciento. El incremento va desde 400 a 700 por ciento en electricidad; 375 por ciento en agua; 300 por ciento en gas; 180 por ciento en telefonía fija; 100 por ciento en buses y trenes; 66 por ciento en el Metro; 20 por ciento en gasolina; en Buenos Aires, donde vive casi un tercio de la población total del país.
Las tarifas estuvieron subsidiadas por el Estado para todos los habitantes de Buenos Aires durante los últimos 12 años de gobiernos Kirchneristas, que implantaron la política de “inclusión social”.
Además, el Gobierno anunció el pasado miércoles el ordenamiento del gasto público a partir de una nueva disminución de los subsidios a la energía y al transporte, que en 2016 ya acarreó una fuerte polémica por la subidas de tarifas.
También, diversas encuestas, dan cuenta de que la mayor preocupación de los argentinos es la inflación, que según cifras oficiales e independientes supera el 40 por ciento anual. Expertos atribuyen este aumento, sobre todo, a políticas promovidas por Macri, que han causado descontento.
En Buenos Aires, la pobreza aumentó un 13,43 por ciento en apenas cinco meses, pasando de 19,82 por ciento en noviembre de 2015 a 33,25 por ciento en abril de este año, según un estudio del Centro de Economía Política Argentina, CEPA.
Según el informe, la indigencia de la población urbana de Buenos Aires aumentó un 38 por ciento en ese periodo, pasando de 5,71 por ciento a 7,89 por ciento.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos, en referencia al segundo semestre de 2016, señaló que el 32,2 por ciento de los argentinos, 8,7 millones de personas, son pobres y el 6,3 por ciento, 1,3 millones, vive en la indigencia. (I)
FUENTE:
EL TIEMPO
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