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Dijo que se trata de dar cumplimiento a una orden de la Corte Constitucional (CC) que declaró inconstitucionales a los TBI, por ser un ejemplo de lo que significa la voracidad de las transnacionales en contra de un Estado. En nuestro país existen dos casos representativos: Por el primero, Ecuador debió cancelar 1.000 millones de dólares a OXY, pese a que el tribunal arbitral internacional que tramitó la demanda consideró que la OXY violó el contrato y la ley ecuatoriana al ceder el 40% de sus derechos a la compañía Andes, sin avisar o buscar el consentimiento del país.
En el segundo caso, ante la demanda que interpusieron las comunidades amazónicas por la contaminación ambiental y afectación a la salud generada por Chevron, la corte provincial de Sucumbíos falló a favor de los demandantes con una multa de 9.500 millones de dólares; sin embargo, la petrolera demandó al Ecuador por la misma cantidad, en caso de que se le cobre esa deuda. Para ello, se amparó en los TBI.
Para Aráuz, “los TBI solo dan derechos al capital y ello contraviene el proyecto político que determina que en Ecuador todo ser humano debe estar por encima del capital. Estos tratados dicen que el capital tendrá más derecho sobre los estados y, en esa medida, no existe reciprocidad, porque si un Estado se siente afectado, no puede iniciar un juicio o arbitraje a la empresa, pero sí ocurre a la inversa”. Precisamente porque esos acuerdos permiten a una empresa iniciar juicios contra el Estado sin pasar por el ordenamiento judicial interno, la CC los declaró inconstitucionales.
La noticia, como contexto, detalla que en 2008 el Presidente de la República, Rafael Correa, denunció un primer paquete de tratados suscritos con Rumania, Finlandia y países centroamericanos./
FUENTE: EL TIEMPO
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