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El ciudadano tiene una herramienta de defensa de sus derechos frente a las instituciones públicas. Se trata del Código Orgánico Administrativo, que fue aprobado el martes por el pleno de la Asamblea Nacional.
“El ciudadano podrá hoy demandar al Estado por algún acto que considere ilegal o arbitrario, ya sea por la vía jurisdiccional correspondiente o administrativa”, explicó Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, durante la sustentación de la norma en el pleno de la Asamblea.
Será el mismo procedimiento administrativo el que se aplique en todas las entidades estatales, sean estas empresas publicas, Gobierno o municipios. Aguiñaga detalló que con esta herramienta, los individuos, a quienes se denomina administrados, podrán defenderse de actos arbitrarios poe parte del Estado. “Ojalá que con esta herramienta se acabe el ‘vuelva mañana’, ‘me he olvidado’ o ‘no he podido contestar su solicitud’. Los funcionarios tienen la obligación de contestar en los tiempos que demanda la ley”.
La Asamblea aprobó el texto el pasado 10 de mayo, cuando estaba en funciones la Asamblea anterior. El documento pasó a conocimiento del Ejecutivo, liderado por Rafael Correa, y este remitió las observaciones. Aguiñaga comunicó la propuesta de la Comisión de Justicia de allanarse en 14 observaciones y ratificarse en el texto inicial en cuatro artículos y una disposición reformatoria.
La norma fue aprobada con unanimidad, aunque con ciertos reparos. Luis Fernando Torres, legislador socialcristiano, mostró su apoyo al proyecto, aunque no está totalmente de acuerdo. Detalló que con el Código se le resta poder punitivo a ciertos organismos, como por ejemplo la Superintendencia de Comunicación (Supercom).
“El Código Orgánico Administrativo, que por cierto no es una obra perfecta, al menos viene a ser el instrumento jurídico más avanzado para que el administrado pueda luchar contra un Estado que ha crecido”.
En el tema de las coactivas, Torres explicó que existe un gran avance e indicó que con esta norma se impide que los pequeños accionistas paguen la totalidad de la deuda a través de los autoextensivos de pago. Aclaró que el juez de derecho debe ordenar.
Para Torres, se trata de un hecho histórico para los ciudadanos. La exvicepresidenta de la Comisión de Justicia en la Asamblea que terminó sus funciones el 14 de mayo, Mariángel Muñoz, explicó que este texto inició su debate en enero de 2016.
La exasambleísta acotó que se trata de generar mayor seguridad jurídica en el país, porque se unifica el proceso administrativo. Cada entidad tenía sus procesos y eso generaba un poco de ambigüedad al momento de resolver los reclamos. “Antes, cada institución tenía su propio reglamento administrativo, con el Código se unifica y se le dota al ciudadano de una seguridad jurídica al ciudadano”.
Para Muñoz, el Código establece un reto para la administración pública, estableciendo nuevos procesos y desafíos, porque reconoce la necesidad de transparencia de descentralización. “Se trata de asumir una función transparente y diáfana”. Detalló también que se deberá incorporar el gobierno electrónico, que será una obligación para todas las entidades.
La exlegisladora aclaró que ciertos temas, como el tributario, mantienen su ley, porque pertenecen a un capítulo especializado y ya tienen una norma, que se mantendrá vigente. Destacó que existe una garantía de derechos de forma progresiva. Es decir, que se pone plazos para determinar cuándo en una entidad se incurre en silencio administrativo, que es cuando no se responde oportunamente al ciudadano. (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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