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La decisión fue tomada tras el continuo “desacato” en el que se encontraban los parlamentarios venezolanos desde hace más de un año.
El TSJ declaró en desacato a la función Legislativa el 5 de enero de 2016 por juramentar a tres asambleístas que estaban suspendidos por irregularidades en su elección popular.
El nuevo directorio, hasta la actualidad, nunca aceptó los fallos del Máximo Tribunal.
El TSJ se amparó en una necesidad de “velar por el Estado de Derecho” de su país. En el documento se reitera que las competencias serán ejercidas por esa institución estatal.
«Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho».
El término legal de desacato significa que las resoluciones de la Asamblea Nacional sean nulas, es decir, no se aplican.
La oposición venezolana, con mayoría en el Parlamento, rechazó esta decisión. El presidente del Legislativo, Julio Borges, convocó a los ciudadanos a “tomarse las calles” el sábado 1 de abril, en señal de protesta. Borges también desconoció la sentencia y pidió la colaboración de la comunidad internacional.
Las cancillerías de Perú y Colombia criticaron lo sucedido en Caracas y solicitaron no se atente contra la democracia. Perú retiró a su embajador, hasta que se reponga la situación con el Legislativo venezolano.
Las declaraciones oficiales del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, fueron rechazadas por la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien califico de injerencista la postura del Perú.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llamó a una «urgente convocatoria del Consejo Permanente» de la organización internacional para tratar el supuesto «auto-golpe».
La primera dama, Cilia Flores, dijo en una entrevista que “todo lo que están aprobando (la Asamblea Nacional) es inconstitucional” y defendió la sentencia del TSJ. La oposición buscaba adelantar las elecciones presidenciales de Venezuela para realizarlas en este 2017 y no en 2019 como están contempladas.
FUENTE: EL TIEMPO
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