En Ecuador se firma convenio para garantizar los servicios de justicia a las personas con discapacidad

Ambas entidades acordaron conformar un Comité Interinstitucional que estará integrado, además de los delegados del CJ y del Conadis, por representantes de los ministerios de Justicia e Interior; de las defensorías Pública y del Pueblo; de la Corte Nacional de Justicia; y de la Fiscalía General del Estado. El mismo se encargará de aprobar los “Protocolos y Rutas para la Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad” en un plazo de tres meses.

El Presidente del CJ, Gustavo Jalkh, expresó su satisfacción con la firma de este acuerdo porque se puede convertir en una política pública. “Todos somos iguales ante la ley y sujetos de derechos, independientemente de si alguien tiene algún tipo de discapacidad, debemos respetar la condición humana”, precisó.

Entre las acciones emprendidas por la Judicatura para atender a este grupo están el mejoramiento en el acceso a las dependencias judiciales y la capacitación a 3.675 funcionarios en el Manual de Atención en Derechos de Personas con Discapacidad que fue elaborado en el 2015 junto al Conadis y que constituye un referente en la región.

Xavier Torres, titular del Conadis, señaló que es necesario trabajar de manera articulada con las instituciones para generar instrumentos que permitan a las personas con discapacidad; a sus familias; a los servidores públicos; y, ciudadanos orientar, identificar y derivar los casos de amenaza o vulneración de derechos a las instancias correspondientes.

“Cuando una persona con discapacidad es infractora o se violan sus derechos se debe saber qué ruta seguir”, señaló y añadió que es necesario que los jueces cuenten con una guía para mejorar su accionar.

En esta línea dijo que certificarán en coordinación con el Consejo de la Judicatura, a los peritos en lengua de señas para que brinden un mejor apoyo a las personas sordas. E indicó que estos protocolos serán de utilidad no solo para el trabajo que realiza la Función Judicial, sino para la labor que ejercen los Consejos Cantonales de Protección de Derechos.

Una vez que se hayan aprobado los protocolos, se imprimirán 10.000 ejemplares que serán distribuidos entre las instancias destinadas a proteger los derechos para su respectiva difusión.

FUENTE: EL TIEMPO