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Que exista una Dirección Ejecutiva del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) escogida mediante ternas que el presidente Lenín Moreno envíe a la Asamblea y que esté representado por un miembro del sector empresarial y por un delegado de la Contraloría General del Estado (CGE) son algunas de las reformas que presentará la Comisión de Contratos del Estado de la Cámara de Comercio Internacional (ICC, por sus siglas en inglés) en Ecuador a la Asamblea Nacional sobre el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Antonio Pérez, quien es presidente de la Comisión creada por la ICC y administrada por la Cámara de Comercio de Quito (CCQ), dice que desde el 2019 han venido trabajando en reformas que mejoren la contratación pública y la eficiencia del Estado en la ejecución de recursos públicos.
“Queremos darle fuerza a estas reformas y con aportes recogidos desde el sector empresarial fortalezcan la transparencia y la eficiencia en la ejecución de fondos públicos”, dice.
Menciona que los planteamientos también van enfocados ante los recientes casos de corrupción en la crisis sanitaria de COVID-19, especialmente en las casas de salud, con la compra de insumos y medicamentos con sobreprecio.
Esta comisión, integrada por empresarios y abogados, presentará un documento de doce páginas a la Comisión de Justicia de la Asamblea que trata el proyecto para sancionar la corrupción en procesos de contratación pública en emergencia, enviado por el Ejecutivo el pasado 21 de mayo.
Pérez indica que, en el documento, se propone que los contratos de emergencia sean publicados en el portal de compras públicas. “Ya se ha demostrado que eso fue lo que ocasionó la corrupción en los medicamentos porque como es emergencia se hace todo oculto”, apunta.
Así también menciona que se hagan públicos los precios de medicamentos. “Se está hablando mucho de cómo se hace en Perú, de que los insumos de medicamentos estén ya subidos con ficha técnica y precios para tener un aproximado. Para eso podemos utilizar el Sercop, porque la corrupción viene por el sobreprecio. Y si es que se ajusta un precio básico es más difícil que prospere la corrupción”, explica.
En cuanto al rol de la Contraloría, Pérez señala que la comisión considera cambios profundos. “Pues aunque no hay una medición oficial, se prevé que la mayoría de resoluciones o glosas que determinan un perjuicio económico contra el Estado, ante la judicialización de estas resoluciones y el Tribunal Contencioso Administrativo terminan siendo desvanecidas por no estar apegadas a derecho. Esto significa que el organismo es susceptible de ser presionado ante circunstancias coyunturales (…), por lo que en la práctica este organismo termina ocasionando un mayor perjuicio”, expresa. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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