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Este pacto propone coordinar con el Ministerio de Educación el desarrollo de programas educativos en temas relacionados con la prevención y con la seguridad vial.
Asimismo, pretende fortalecer los procesos de capacitación a operadoras de transporte, conductores, peatones y ciudadanos en general.
En este marco, el Jefe de Estado solicitó al ministro de Transporte y Obras Públicas, Paúl Granda, la creación de una oficina especializada para la atención a víctimas de siniestros de tránsito.
Además, convocó a los conductores a ser más responsables con la población ya que, al momento, las cifras son preocupantes, «cada cuatro horas se pierde una vida por incidentes en las vías», señaló.
El Mandatario calificó como un error terrible haber eliminado la obligatoriedad de los cursos de conducción en la Ley de Tránsito.
“Algo debe estar pasando allí. Falta de un curso de orientación adecuado o una medición psicométrica bien estricta”.
Moreno sugirió que se impartan conferencias a los niños acerca de la seguridad “porque aquello que se aprende desde niño se aprende para siempre”.
Reducir siniestros
De su parte, el ministro de Transporte, Paúl Granda, aclaró que el pacto debe ser permanente y obliga a todos a una participación activa.
«El objetivo es reducir los siniestros de tránsito en el Ecuador. La responsabilidad es de todos y de todas».
El principal de esta cartera de Estado destacó que, si bien en el primer semestre de 2017 hubo una reducción del siete por ciento en la siniestralidad con relación a 2016, el número de fallecidos y heridos incrementó.
Cifras
También afirmó que en el primer semestre de este año se registraron 7.865 automóviles involucrados en siniestros, que causaron 122 fallecidos; así también 3.596 motocicletas, con un total de 287 fallecidos; y 1.254 buses, donde perdieron la vida 82 personas.
Seguridad ciudadana
Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros, apuntó que la iniciativa gubernamental “es digna de reconocimiento porque va a velar por la seguridad de los ciudadanos”.
De igual manera, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, apoyó que se retome la obligatoriedad de los cursos de conducción. Sin embargo, planteó que sea el Ministerio de Transporte el que califique a las escuelas y regule los precios.
En un plazo máximo de 30 días, quienes participaron del evento entregarán un informe con las propuestas planteadas en las mesas de trabajo. (VDS) (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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