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Con 60 diputados a favor y 52 en contra, la Cámara aprobó un proyecto que servirá para legalizar de manera retroactiva miles de viviendas en asentamientos construidos en el área C de Cisjordania -bajo completo control israelí-, ocupada desde 1967.
Israel podrá declarar como tierra estatal las propiedades y negar a los dueños el derecho de uso hasta que se alcance un acuerdo. A cambio, los propietarios palestinos serán recompensados económicamente.
Israel “acaba de aprobar una ley para legalizar el robo de tierra palestina. El saqueo es ilegal”, reaccionó en un comunicado el secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, Saeb Erekat, que aseguró que con este paso el Gobierno permite que los colonos y “fuerzas de la ocupación continúen sus ataques contra los palestinos y su tierra”.
La OLP agregó que “el Gobierno israelí quiere destruir cualquier posibilidad de solución política” del conflicto.
La ley supone un cambio importante a nivel interno, si bien en la esfera internacional todas las colonias son consideradas ilegales, como destacó una resolución aprobada en diciembre por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Las viviendas afectadas están situadas sobre terrenos de particulares palestinos en más de medio centenar de colonias construidas o ampliadas sin un proceso de planificación ordenado.
La aprobación de la ley ha sido alabada como paso “histórico para el movimiento colono” por la derecha más extrema, mientras que parte de la oposición teme que sea el comienzo de un camino “que terminará en el Tribunal de La Haya”, como dijo el líder de la plataforma Campo Sionista, Isaac Herzog.
El proyecto, impulsado por Naftali Benet, líder del partido procolonizador y principal socio de la coalición de Gobierno, Hogar Judío, tiene como objetivo “regular y permitir el continuo establecimiento y desarrollo” de los asentamientos judíos en Cisjordania.
Benet alabó el triunfo de un proyecto personal que muchos han visto como una imposición sobre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y aseguró tras la votación que “esto es democracia.
Reacciones
Las reacciones a esta ley han sido inmediatas. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ANP, Mahmud Abás, consideró que la construcción de nuevos asentamientos es una “agresión” contra su pueblo y dijo que va a “trabajar con tribunales internacionales” para preservar la existencia y las tierras del pueblo palestino.
La Unión Europea, UE, condenó la medida e instó a Israel a no aplicarla, dado que esta “cruza un peligroso umbral” y es contraria al derecho internacional.
La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini dijo que “Si se implementara, la ley reforzará la realidad de un solo estado de derechos desiguales, ocupación perpetua y conflictos”.
La organización internacional Human Rights Watch advirtió al liderazgo israelí de que “la administración (estadounidense de Donald) Trump no les puede proteger de la vigilancia de la Corte Penal Internacional, donde el fiscal sigue examinando la actividad en los asentamientos”.
Varias organizaciones israelíes de defensa de los derechos humanos preparan una petición al Tribunal Supremo israelí para impugnar la Ley de Regularización. (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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