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El juez William Alsup, de la Corte del distrito norte de California, emitió su decisión la noche del martes, y califica de «arbitraria y caprichosa» la determinación que Trump tomó el pasado septiembre para acabar con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA, y dar al Congreso hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de sus beneficiarios.
El plan DACA fue promulgado en 2012 por el entonces presidente del país, Barack Obama, para proteger de la deportación y otorgar un permiso de trabajo temporal a unos 800.000 jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, conocidos como ‘soñadores’.
En el fallo, el juez Alsup considera que el Gobierno de Trump tiene la obligación de volver a aceptar las solicitudes de renovación a DACA por parte de aquellos individuos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que ahora se están quedando sin protección.
Sin embargo, no pide al Gobierno de Trump que acepte nuevas solicitudes por parte de jóvenes que nunca antes se habían inscrito en el programa DACA.
El magistrado hace esta distinción porque considera que los demandantes, entre los que se encuentra la Universidad de California, han conseguido demostrar que los beneficiarios del DACA, sus familias, escuelas y comunidades sufrirían un «daño irreparable», si la extinción del programa sigue adelante.
Con el fin de evitar ese daño, el juez ordenó a Trump mantener parcialmente vivo el programa hasta que haya una solución definitiva en todos los litigios pendientes sobre el DACA.
Entre esos casos se encuentra, por ejemplo, la demanda que interpusieron el 11 de septiembre pasado de manera conjunta los estados de California, Maryland, Maine y Minnesota, donde viven 238.000 ‘soñadores’.
Esos estados alegan que el fin del DACA perturbará la vida de sus habitantes, provocará grandes daños a sus economías y ocasionará pérdidas a sus compañías, universidades y centros de investigación que dan empleo a los jóvenes indocumentados, pues, con el fin del programa, ya no podrían trabajar legalmente.
La decisión adoptada por el juez Alsup, que fue nombrado para su puesto en 1999 por el presidente Bill Clinton, tiene carácter temporal y es probable que el Ejecutivo interponga un recurso.
La Casa Blanca consideró ayer «indignante» la orden del juez, aseguró la portavoz Sarah Sanders.
Ella subrayó que «un tema de esta magnitud debería discurrir a través del proceso legislativo normal».
La portavoz de la Casa Blanca recalcó que «el presidente Trump está comprometido con el estado de derecho, y trabajará con miembros de ambos partidos para alcanzar una solución permanente que corrija las acciones inconstitucionales tomadas por el anterior Gobierno». (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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