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Luego de más de cinco horas de audiencia de vinculación, la jueza Silvia Sánchezsuspendió la noche de este lunes la diligencia para analizar los argumentos de las partes, y convocó para este miércoles, a las 14:30, para dar lectura de la resolución de si vincula o no a las ocho personas solicitadas por la Fiscalía en el caso de peculado en el que es investigado también el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado.
Este lunes la fiscal general subrogante Ruth Palacios había solicitado a la jueza de la Corte Nacional de Justicia que ordene prisión preventiva, prohibición de enajenar bienes y la inmobilización de fondos y cuentas para cinco exfuncionarios de la Secretaría de Comunicación (Secom) y dos representantes de empresas que contrataron con la Secom.
La prisión preventiva se solicitó para Marco Antonio Bravo, exsubsecretario de Medios Institucionales; Galo Pacheco, exadministrador del contrato de Víctor Hugo Erique; Javier Lemos, ex director administrativo financiero; Vanessa Salgado, directora de Talento Humano subrogante; y Juan Chiriboga, ex director financiero; además de Carlos Bravo, gerente de Gota Azul; y Beatriz Vivanco, representante legal de Satré Comunicación Integral, como proveedores.
Para Pablo Yánez, exsubsecretario de la Secom, quien hace parte, desde el 17 de octubre pasado, del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalíapor información que mantiene para esta causa, la fiscal solicitó que se le ordene las medidas cautelares de presentarse periódicamente, prohibición de enajenar bienes e inmovilización de fondos.
El 11 de octubre pasado, Yánez solicitó a la Fiscalía que lo ingrese al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos y recepte su testimonio anticipado en este caso. Según él, requería protección porque la información que entregaría es “altamente sensible” y pondría “en riesgo su integridad”.
Según la teoría de Fiscalía, los seis exfuncionarios de la Secom inobservaron lo dispuesto en el artículo 233 de la Constitución, que establece que ningún servidor estará exento de la responsabilidad por los actos realizados, y en ejercicio de sus funciones o por sus omisiones serán responsables administrativa, civil y penalmente. A los ocho, la fiscal los acusa de haber cometido peculado.
Para Palacios los ocho vinculados al proceso, que nace de un informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal sobre gastos y contrataciones que hizo la Secom para la producción, ejecución y montaje de los enlaces sabatinos, desde sus funciones tuvieron que ver en tres contratos que dejaron un perjuicio de $ 254.440.
Entre las irregularidades que Contraloría encontró está la contratación de Erique, quien no cumplía con los requisitos para ofrecer el servicio. Esto se dio el 21 de mayo de 2014.
Otro contrato con aparentes irregularidades fue el hecho con la productora Gota Azul, cuyo representante era Carlos Bravo y quien contrató, dijo Palacios, con su hermano Marco Antonio Bravo, quien al momento que se realizó la firma ostentaba el cargo de subsecretario de Medios Institucionales de la Secom. “De ahí la prohibición expresa de contratar con familiares”, apuntó la fiscal.
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