La Asamblea aprobó la Ley que prohíbe a los funcionarios públicos tener capitales en paraísos fiscales

Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, descartó que el cuerpo legal persiga a empresarios o funcionarios honestos que depositan, de forma lícita, sus capitales en cualquier país del mundo; pero ratificó que si apunta a rastrear los dineros de origen ilícito y en especial, “de los funcionarios y servidores públicos que traicionan el encargo que les dio el pueblo”, aseveró.

“El narcotráfico, el tráfico de migrantes y órganos, no encuentran un mejor lugar que los países considerados paraísos fiscales y se pone en riesgo a negocios honestos, destruye el sistema fiscal e impide la correcta financiación de políticas públicas en beneficio de las mayorías”, puntualizó.

José Serrano, presidente del Legislativo, destacó que la normativa es fundamental para la prevención y combate a la corrupción. Hizo énfasis en que se trató de una votación histórica, pues se logró los votos de la bancada de Gobierno, del movimiento SUMA, del Partido Socialcristiano y el de la Integración Nacional. “Con esta votación, que superó los 100 votos, la Ley de Paraísos Fiscales se convierte en uno de los aspectos claves y vanguardistas en la lucha contra la corrupción”, enfatizó.

El 19 de febrero de 2017, se consultó a los ecuatorianos sobre, estaba de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales. La interrogante tuvo la respuesta afirmativa del 55,12 por ciento de los ecuatorianos./HP/El Ciudadano.