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El Gobierno con declaraciones de altos funcionarios y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sus informes y pronunciamientos marcan una relación cada vez más tensa, a los dos años y ocho meses de gestión del mandatario Lenín Moreno.
Aunque la política del actual régimen ha sido de total apertura a las investigaciones y funcionamiento de la CIDH, la posición de la Comisión en varios casos ha provocado el cuestionamiento de más de un alto funcionario de Gobierno.
El primer desacuerdo surgió en el 2018, cuando Moreno impulsó el referéndum para conformar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio.
La CIDH solicitó a la Corte Interamericana medidas provisionales sobre el referéndum y consulta popular, tras el pedido de medidas cautelares de los ahora refugiados y exvocales del Consejo, Edwin Jarrín y Tania Pauker. El Gobierno llamó a consultas al entonces embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ahora canciller José Valencia y Moreno habló de una “insolente intromisión”.
Seis meses después, Moreno recibía en el Palacio de Carondelet a Édison Lanza, quien presidió el Equipo de Seguimiento Especial de la Comisión para investigar el secuestro y asesinato del equipo periodístico en frontera, en abril del 2018, por invitación formulada por el propio Gobierno.
Para el último trimestre del 2019 la tensión aumenta. Mientras octubre se convierte en el mes de mayor conflictividad para el gobierno de Moreno con los once días de paro y se invita nuevamente a la CIDH para que investigue, en noviembre, por iniciativa de Moreno, programada con anterioridad, la Comisión desarrolla, por primera vez en el país, uno de sus periodos de sesiones.
Y, para diciembre, la CIDH señala que hubo falta de protección por parte del Estado para el equipo periodístico secuestrado y asesinado en frontera y, al final de la audiencia, la presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena, aseguró que el informe no quedará “ni en el aire ni en la nada”.
Además, otorga medidas cautelares para los correístas y opuestos al régimen de Moreno: la prefecta Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, medidas de protección para el exvicepresidente Jorge Glas y pide al Estado que responda sobre los refugiados en la Embajada de México.
FUENTE: EL UNIVERSO
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