Las operaciones financieras más exitosas de Venezuela en los últimos años no se han llevado a cabo en oficinas de Wall Street, sino en las caóticas minas de oro del sur de esa nación.
Sumidos en la peor crisis económica de la historia moderna venezolana, un ejército de 300.000 buscadores de fortuna se ha trasladado a la selva, que guarda en sus entrañas la mayor reserva de metales preciosos del país, para ganarse la vida removiendo la tierra.
Con picos y palas ayudan a financiar al gobierno de Nicolás Maduro, que desde 2016 ha comprado 17 toneladas de oro, valoradas en 650 millones de dólares, según los datos más recientes del Banco Central de Venezuela (BCV) a mayo.
El esfuerzo de los mineros artesanales, como los define el gobierno, se ha traducido en vitales divisas para que la gestión del presidente Maduro financie importaciones de alimentos y productos básicos que escasean en Venezuela, aunque ellos reciban su pago en la deprimida moneda local.
Pero Estados Unidos está dispuesto a detener ese comercio de oro a fuerza de sanciones e intimidación.
La Casa Blanca presiona incluso al Banco de Inglaterra para que no libere unos 1.200 millones de dólares en lingotes de oro que Venezuela mantiene en sus bóvedas.
Funcionarios de Estados Unidos criticaron recientemente a una firma de inversión con sede en Abu Dabi por comprar oro venezolano, y advirtieron a otros operadores extranjeros de abstenerse de negociar más barras con Maduro.
Oro a Emiratos Árabes
Un envío de oro desde Venezuela a Emiratos Árabes Unidos se canceló hace unos días. Noor Capital, una firma de ese país, dijo que no tenía previsto hacer nuevas compras, tras haber adquirido tres toneladas de lingotes en Caracas el 21 de enero.
Aunque la política de compras de oro de Maduro es bien conocida, hasta ahora no quedaba claro cómo se ejecuta.
Reuters rastreó el camino que sigue el oro desde las polvorientas minas del sur hasta las bóvedas del banco central en Caracas, para más tarde ser enviado a refinerías en el extranjero a cambio de alimentos, según más de 30 personas que conocen o están involucradas en la operación, incluidos mineros, intermediarios, comerciantes, investigadores, diplomáticos y funcionarios.
Casi todas las fuentes pidieron hablar bajo anonimato porque no están autorizadas a divulgar estos temas, o por temor a represalias de autoridades venezolanas o estadounidenses.
FUENTE: EL UNIVERSO
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