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Labor de ministro de Salud saliente, Juan Carlos Zevallos, también estuvo marcada por críticas en otros temas, además del proceso de vacunación contra el COVID-19

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“No cuenten conmigo para salir corriendo por la puerta de atrás, no hemos terminado este trabajo y no es momento de bajar la guardia, seguimos perdiendo gente por esta enfermedad…”, dijo el 27 de febrero de 2020 el ministro de Salud saliente, Juan Carlos Zevallos, en una de sus últimas apariciones tras las críticas por el inicio de la fase 0 de vacunación contra el COVID-19 en Ecuador.

Sin embargo, el funcionario -que hoy renunció a su cargo- recibió observaciones por otros temas durante sus once meses de gestión.

Ante la insistencia de los periodistas, Zevallos dijo que la lista de vacunados es “confidencial”.

En el actual proceso de inmunización aumentaron los señalamientos contra Zevallos por un supuesto favoritismo a ciertas personas. En los primeros días, las brigadas médicas inmunizaron a personas de un centro geriátrico privado de Quito, donde luego se confirmó que reside su madre.

Asimismo, médicos de varios sanatorios del país reclamaron la aplicación de las primeras dosis de Pfizer a personal administrativo, quienes no constaban en los denominados grupos prioritarios que contempla la fase piloto, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Ministerio del ramo.

En los hospitales Vicente Corral Moscoso de Cuenca y el del IESS Carlos Andrade Marín de Quito se replicaron estas denuncias. En este último, la directora de Comunicación fue desvinculada de su cargo tras recibir la primera dosis del fármaco.

Renuncia del Ministro de Salud no detiene los juicios políticos que procesa la Asamblea Nacional

Las supuestas irregularidades en el inicio del proceso de vacunación son investigadas ahora por la Fiscalía por un presunto delito de tráfico de influencias. Además, la Asamblea Nacional tramita dos solicitudes de juicio político.

No obstante, una serie de problemas y declaraciones desatinadas también marcaron la labor de Zevallos, que se inició el 21 de marzo de 2020 tras la salida de Catalina Andramuño, quien renunció aduciendo la supuesta imposición de funcionarios y falta de fondos económicos para enfrentar la emergencia sanitaria.

Los gremios de médicos consideraron erradas, ofensivas y desatinadas varias de las declaraciones públicas de Zevallos. Una de esas fue que los médicos fallecidos por COVID-19 llevaron el virus a hospitales.

“Nos causa extrañeza, porque siendo un médico manifiesta que los médicos que fallecieron fueron los que llevaron el virus a los hospitales, y eso se debe por un desconocimiento de los tipos de protección”, señaló en octubre pasado Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha.

A los pocos días, Zevallos adujo que los comentarios fueron sacados de contexto, pero insistió en que los galenos se contagiaron en el ámbito social y lo trasladaron a los sanatorios, sin intención.

Falta de atención a reclamos

Pacientes y trabajadores de centros de diálisis también han protagonizado innumerables plantones en Guayas y Los Ríos a lo largo de los últimos meses. En medio de la desesperación, los enfermos de males renales han bloqueado en al menos dos ocasiones la vía Jujan-Babahoyo en reclamo por los pagos atrasados a las unidades prestadoras de servicios.

En los bajos de la coordinación zonal 8, situada en el norte de Guayaquil, más de una docena de ocasiones se han replicado los plantones.

Asimismo hubo quejas por la falta de anestésicos, medicinas y otros insumos para los pacientes de COVID-19 desde hace varios meses. Entre los sedantes constaban midazolam, rocuronio y propofol, denunciaron médicos.

A esto le suman la reiterada escasez de medicinas requeridas por pacientes de males raros y catastróficos.

La peregrinación de madres buscando vacunas del esquema tradicional para sus hijos también fue uno de los aspectos criticados estos meses de pandemia. En el caso de la pentavalente, la distribución en los centros de salud se ha ido normalizando en los últimos días.

Recursos legales

Los municipios también debieron recurrir a acciones legales para poder acceder a datos sobre los contagiados y muertos por COVID-19 en la ciudad. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, pidió transparencia de cifras para desplegar personal sanitarios en las zonas más afectadas y contener la propagación de contagios.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el acceso a la información pública del Ministerio es nula. En algunas ocasiones, los representantes de varias coordinaciones zonales han manifestado a los periodistas que no pueden dar declaraciones por no tener autorización de “la planta central en Quito”.

Por el proceso de vacunación, en la capital se presentó una acción judicial para que se divulgue la lista de personas vacunadas en el país. (I)

FUENTE: EL UNIVERSO

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