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Al ritmo que las autoridades del ramo han emprendido en el plausible e impostergable combate a la delincuencia que por diversas causas y con modalidades diferentes prolifera en nuestro país, los establecimientos penitenciarios se están repletando de transgresores de la ley aprehendidos en delitos flagrantes cometidos en la vía pública como sicariato y secuestro motorizado, robo en domicilios con asesinato a sus habitantes, en entidades financieras, locales comerciales, restaurantes etc. y otros por resoluciones judiciales y accidentes de tránsito; desconozco al momento cual es la población carcelaria recluida en las cárceles pero lo que sí sabemos es que pese al esfuerzo que hacen los gobiernos para solucionar los problemas de hacinamiento esto se vuelve cada día más conflictivo y difícil por lo que los Centros de Rehabilitación, como se los llama, no pueden cumplir su cometido, esto es, que luego que el infractor cumpla la pena se incorpore a la sociedad como un elemento apto y capacitado para servirla más no como actualmente sucede, que al poco tiempo tiene que retornar al presidio por reincidir en actividades ilícitas, debido a lo cual varios sectores de la sociedad civil estiman que las penas no deben ser de muy corto plazo.
Combatir la delincuencia que en la actualidad rebasa con su articulación nuestras fronteras es una tarea muy complicada, pues, aunque los problemas de seguridad en cada país de América Latina son diferentes y varias de las causas de su proliferación son similares como la falta de trabajo debidamente remunerado, el trabajo informal, limitados servicios educacionales, déficit habitacional y otros, debido a lo cual tienen una legislación distinta sobre el problema, como por ejemplo el trato que se da a los consumidores de substancias estupefacientes en nuestra República considerados como enfermos sujetos a rehabilitación y no a penalización; en Uruguay está autorizado el consumo de marihuana, pero por otra parte se analiza el criterio de que para cada crimen debe haber un castigo porque de no ser así se llega al peligroso escenario de la impunidad ya que en el caso que nos ocupa consideran que no solo se debe castigar a los que venden estupefacientes sino también a los que compran ya que con su dinero se fortalece el negocio del narcotráfico.
Nuestros gobernantes plantean permanentemente solicitar la ayuda del exterior para combatir este flagelo que enluta a cientos de hogares y perpetua la inseguridad, pero no llega; entonces debemos tener siempre presente que las vías públicas pertenecen a los ciudadanos no a los traficantes de drogas ni a los ladones ni salteadores, igualmente los domicilios a sus propietarios o arrendatarios todos deben respetarlos, la inviolabilidad del domicilio garantizada y su transgresión sancionado por nuestra legislación penal es además un derecho humano reconocido en los tratados internacionales.
En nuestra América multiétnica y cultural se puede producir una serie de planteamientos con un alto grado de creatividad eficaz para adaptarlos a las distintas realidades de cada pueblo con la finalidad de disminuir la delincuencia, lo que se prevé que también servirá para eliminar el miedo y obtener la masiva colaboración de la ciudadanía.
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