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“Las deficiencias encontradas son solo a nivel de material (…) creo que son datos muy parciales, apenas se inició la misión y no se puede hacer una evaluación, falta que culmine el proceso electoral”, expuso la eurodiputada portuguesa, luego de cumplir la gestión evaluadora en el Instituto España Jesús Milla Selva. Matías, que encabeza la misión de supervisión de la Unión Europea, indicó que los lugares donde se dieron esos hechos son los barrios Residencial Honduras, Los Pinos, Kennedy y Villanueva. “Hemos podido observar que, en algunos casos, había falta de sellos, para las papeletas, que llegaron después de reportar, pero los miembros de las mesas encontraron soluciones”, sostuvo la eurodiputada. Además, señaló que, en el 80 por ciento de los colegios electorales visitados, se observaron largas filas para acudir a votar. “Hasta ahora, todo ha transcurrido con tranquilidad y desempeño de los encargados de las mesas”, y que han observado que un 60 por ciento de la participación de los miembros corresponde a mujeres. Informe Matías reiteró que el papel de la misión de la UE es solo observar y que, en la metodología que usarán, registrarán y reportarán hechos comprobados para su informe. La misión electoral de la Unión Europea, UE, llegó al país centroamericano el 11 de octubre con 22 observadores de largo plazo, que se desplazaron por el territorio hondureño para dar seguimiento previo a las elecciones generales. Al primer contingente se unieron la semana pasada otros 40 de corto plazo. Se tiene previsto que la delegación de la UE emita un informe preliminar con las recomendaciones y sugerencias sobre la contienda electoral. Los observadores de largo plazo continuarán en el país hasta finales de diciembre para elaborar el informe final. La delegación de observadores europeos garantizó su participación en las fases de apertura, votación, cierre y recuento de votos. Unos 6`100.000 hondureños fueron convocados a las urnas para decidir si reeligen o no al presidente actual, Juan Orlando Hernández, para los próximos cuatro años entre nueve candidatos de diez partidos. Los hondureños también deben elegir a tres vicepresidentes, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano, y 298 alcaldías municipales, en un proceso observado por el Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, entre otros. Migrantes Centenares de hondureños acudieron al Parque McArthur, en Los Ángeles, para participar en las elecciones presidenciales de su país de origen, las décimas que esta nación centroamericana celebra desde la vuelta a la democracia en 1980. El centro comunitario de este parque, lugar de encuentro de la comunidad centroamericana residente en Los Ángeles, fue uno de los siete locales de votación dispuestos en Estados Unidos para la jornada, en la que más de 50.000 hondureños que residen en este país están llamados a cumplir con su derecho al sufragio. “Es muy importante que aprovechemos este privilegio, no todos los inmigrantes pueden participar de las votaciones de su país en el extranjero y nosotros somos parte vital de nuestras comunidades de origen”, indicó Leoncio Velásquez, que, con la de ahora, suma cinco procesos en los que participa desde esta ciudad californiana. Este hondureño de 57 años de edad emigró en 1981 y aunque ha pasado más de la mitad de su vida en suelo estadounidense dice que no se olvida de su país. “Luchamos mucho por que se nos diera el voto en el exterior, debemos cuidar ese derecho que ganamos”. Houston Texas, Nueva Orleans, Luisiana, Atlanta Georgia, Miami Florida, Nueva York, Nueva York y Washington albergan los centros de votación que abrieron para los comicios, a las que se han presentado nueve candidatos que aspiran a la Presidencia. (I)

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“Justicia, no corrupción”, “Dimisión” y “No os escapáis”, fueron algunos de los eslóganes que corearon los manifestantes congregados ante el Palacio Victoria, sede del Ejecutivo, antes de marchar pacíficamente hacia el Parlamento.
“Seguimos protestando porque la única preocupación de los gobernantes es el derecho de los delincuentes, en lugar de buscar justicia para las víctimas y recuperar el dinero robado”, explicó Anca Dumitrescu, una socióloga de 39 años que ha asistido a esta y a otras manifestaciones previas contra la corrupción.

A principios de este mes, el Gobierno aprobó una reforma fiscal que entrará en vigor en enero de 2018, pese a las críticas de los sindicatos, patronales y el presidente del país, Klaus Iohannis, según quienes la nueva normativa puede desencadenar una reducción de los salarios de hasta un 20 por ciento.

Entre otras cosas, la polémica ley transfiere las cargas del pago de la seguridad social del empleador al trabajador.
Los manifestantes están también en contra de un proyecto de reforma del sistema judicial, debatido actualmente en el Parlamento y criticado también por Unión Europea. (I)

FUENTE: EL TIEMPO

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