El decreto establece la facultad del Ejecutivo para que adopte “la medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas, y otros productos y servicios”.
La norma señala además que “podrán ser restringidas las garantías” para el ejercicio de los derechos constitucionales, salvo las excepciones que establece la Constitución que son “el derecho a la vida, prohibición de comunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás Derechos Humanos intangibles”.
El Gobierno podrá “diseñar y ejecutar planes de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la nación, la seguridad personal, y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados”.
El presidente Maduro se facultó también para decidir “la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político” contra autoridades del poder público y altos funcionarios cuando estas obstaculicen la implementación de medidas económicas.
Este decreto permite al Gobierno, entre otras atribuciones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
No obstante todas estas restricciones de orden económico ya estaban vigentes desde hace más de un año con un decreto anterior de “excepción y emergencia económica”.
A través de este nuevo texto legal, el Ejecutivo venezolano argumenta como una de las razones para la implementación de estas medidas que “sectores nacionales e internacionales adversos a cualquier política pública de protección del pueblo venezolano (…) mantienen el asedio contra la recuperación de la economía venezolana”. (I)
Cifra de muertos en protestas asciende a 43
Un hombre identificado como Diego Arellano, de 31 años, murió ayer tras recibir “un disparo en el torax” durante una manifestación que se desarrollaba en San Antonio de los Altos, en el estado de Miranda, informó la Fiscalía. Con el fallecimiento de Arellano se eleva a 43 la cifra de muertos durante la ola de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno desarrollada en los últimos 46 días, de acuerdo a los reportes de la Fiscalía.
Las protestas se iniciaron después que el Tribunal Supremo de Justicia se atribuyera las funciones de la Asamblea Nacional, y aunque la decisión fue revocada, la oposición insiste en denunciarlo.
Por otra parte, la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, programada para el 20 de mayo en República Dominicana para abordar la situación de Venezuela fue “pospuesta” para una fecha aún por definir, informó El Salvador, que ejerce la Presidencia del grupo. (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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