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Entre los culpables se encuentran los cabecillas de la red, el general del Ejército Manas Kongpan y Patchuban Angchotipan, hombre de negocios y exalto funcionario de la provincia meridional de Satun.
La ONG Rights denunció la víspera las amenazas a testigos e intérpretes durante el proceso y la falta de protección policial.
El juicio comenzó en 2015 tras el hallazgo en el sur de Tailandia de varios campamentos clandestinos, con tumbas y cadáveres, por los que habían pasado refugiados de la minoría musulmana rohinyá e inmigrantes bangladesíes.
El policía tailandés que lideró la investigación que desencadenó el caso, Paween Pongsirin, pidió asilo en Australia a finales de 2015 debido a las amenazas que había recibido.
Paween se encargó de las pesquisas tras el hallazgo, en mayo de 2015, de los restos de unos 36 inmigrantes bangladeshíes y rohinyás enterrados, quienes murieron cautivos de las redes de tráfico.
El descubrimiento de los campos clandestinos interrumpió el canal habitual de este tráfico humano que tiene como destino principal Malasia.
Esto llevó a las mafias a abandonar a miles de indocumentados en embarcaciones que navegaron durante días a la deriva ante las reticencias de Tailandia, Malasia e Indonesia para darles acogida, en la peor crisis de refugiados que padeció la región en décadas.
Los rohinyás son una minoría apátrida perseguida en Birmania (Myanmar), donde son considerados por las autoridades y gran parte de la mayoría budista como «inmigrantes ilegales» de Bangladesh, a pesar de que tampoco son reconocidos en este país vecino.
El mes pasado, el Departamento de Estado de EEUU elevó a Tailandia del nivel 3 al 2 en su informe anual sobre Tráfico de Personas (TIP, siglas en inglés).
En el nivel 2 se encuentran las naciones que, según Estados Unidos, no cumplen los estándares pero realizan el esfuerzo por hacerlo.
Tailandia se ha comprometido a mejorar las condiciones de los refugiados, a pesar de que no ha firmado la Convención de los Refugiados, de 1951, o el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de la ONU, de 1967. EFE
FUENTE: EL TIEMPO
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