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‘Todos somos Cataluña’ fue el lema de la manifestación organizada por una entidad denominada Sociedad Civil Catalana, SCC, a la que, según sus datos, asistieron más de 1`000.000 de personas, mientras que la Guardia Urbana de Barcelona rebajó la cifra a 300.000 manifestantes.
La marcha tuvo un carácter festivo y reivindicativo apenas dos días después de que la Cámara regional catalana aprobara una declaración de independencia sin valor legal y que no ha sido reconocida por ningún Gobierno ni por ninguna organización internacional.
La manifestación fue encabezada por dirigentes de Ciudadanos (liberales), PSC (socialistas) y PPC (centroderecha), los tres partidos cuyos diputados abandonaron el hemiciclo catalán el viernes antes de la votación de la resolución sobre la independencia de Cataluña, en abierto desacuerdo con la iniciativa.
Una horas después el Gobierno español, previa autorización del Senado, decretó el cese de todo el Gabinete catalán y la disolución del Parlamento autonómico, con la convocatoria de elecciones para el próximo 21 de diciembre, con el objetivo de restablecer la legalidad constitucional.
Ayer los constitucionalistas catalanes hicieron una prueba de fuerzas en las calles de Barcelona, donde se vieron numerosas banderas españolas, pero también catalanas y europeas, y se cantó «viva España» y «viva Cataluña».
Al término de la marcha, tomaron la palabra el exministro del Partido Popular, PP, Josep Piqué, el exministro socialista y expresidente del Parlamento Europea, Josep Borrell y el exlíder del Partido Comunista Español, Paco Frutos.
Los tres abogaron por favorecer la convivencia y rechazaron los intentos de dividir a los catalanes que atribuyeron a los independentistas.
El manifiesto leído por los organizadores apeló a la sensatez para superar la actual controversia y volver a la legalidad y la convivencia pacífica, y llamaron a votar con ese objetivo el 21 de diciembre en los comicios autonómicos.
El hecho de que esas elecciones sean convocadas por el Ejecutivo español en aplicación de la Constitución genera un problema a los partidos secesionistas, que ahora han de debatir si concurrirán, lo que, de algún modo, supondría aceptar el marco generado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
En caso de no hacerlo, los independentistas quedarían fuera de las instituciones autonómicas los próximos años.
A este respecto, el cesado vicepresidente del Gabinete regional catalán, Oriol Junqueras, publicó hoy un artículo en el diario El PuntAvui en el que escribe que «en los próximos días tendremos que tomar decisiones, y no siempre serán fáciles de entender».
Hoy el Gobierno español asumirá plenamente la administración regional en el primer día laborable después de la aplicación del decreto constitucional y de la destitución del presidente catalán, Carles Puigdemont y su equipo. (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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