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El Presidente informó que la compañía constructora ganó el contrato Toachi-Pilatón “en justa lid” en diciembre del 2007, tras un trabajo preparado por la administración anterior al actual Gobierno, mientras que el proyecto fue desarrollado por el Consejo Provincial de Pichincha. Dos años después, en el 2009, Odebrecht incumplió el contrato con la hidroeléctrica San Francisco, ubicada en Tungurahua, por lo que se terminaron los contratos, incluido Toachi-Pilatón.
Posteriormente en el 2011, cuatro años después de la adjudicación de Toachi-Pilatón, el ex ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera, habría recibido un depósito en su cuenta de parte de la compañía Odebrecht. Cabe anotar que Mosquera ya no era funcionario del actual Gobierno, desde el 2009.
Por esta razón el Presidente Correa, llamó a “utilizar con precisión los términos”, pues mientras los ciudadanos no sean funcionarios del Estado, no se puede denominar como “coima” o “soborno” a un pago recibido. Esto no excluye las conexiones que deberá determinar la justicia.
“No se puede hablar de coima, ni soborno porque Alecksey Mosquera no era funcionario público. Mosquera fue ministro desde julio de 2007, hasta julio de 2009. Él ha recibido ese pago de Odebrecht en febrero del 2011”.
Esto significa que la justicia deberá probar y dilucidar si el pago tiene una relación directa con alguna negociación con la empresa Odebretch para beneficiarla con alguna adjudicación de obra. Al momento, lo que si existiría como delitos son defraudación tributaria y lavado de activos.
Estas declaraciones del Primer Mandatario fueron distorsionadas por varios medios de comunicación privados, quienes no contextualizaron la explicación sobre la legalidad y la prevalencia del Estado de Derecho.
Al momento, Alecksey Mosquera, se encuentra detenido para investigaciones las cuales determinarán responsabilidades y delitos; por lo que el Presidente Correa defendió el accionar de su Gobierno.
El Jeje de Estado apoya decididamente que las investigaciones en el caso Odebrecht avancen y que se proceda con responsabilidad, para averiguar quienes están involucrados en actos de corrupción.
FUENTE: EL TIEMPO
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