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México repara a ecuatorianos víctimas de matanza en 2010

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Autoridades mexicanas informaron que compensarán económicamente a las familias de seis ecuatorianos víctimas de una masacre ocurrida en 2010 en México, como parte de una reparación integral acordada entre ambos países.

Los seis ecuatorianos formaban parte de un grupo de 72 inmigrantes de Guatemala, Honduras, El Salvador, India y Brasil que habrían muerto a manos de los sanguinarios Zetas, un antiguo brazo armado del cartel del Golfo. Entre las víctimas que lograron la reparación hay un sobreviviente ecuatoriano.

Autoridades hallaron los cuerpos dentro de una bodega en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. La masacre ha sido considerada como uno de los mayores hallazgos de cuerpos en medio de la ola de violencia de los carteles del narcotráfico.

Ecuador impulsó desde el 2013 gestiones diplomáticas para lograr la reparación integral a las familias de las víctimas directas e indirectas del hecho, que suman unas 48 personas. Esta es la primera reparación que se hace por el caso.

La indemnización incluye, además, la restitución de bienes materiales y una rehabilitación a las familias.

Entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de agosto de 2010, inmigrantes que viajaban en dos camiones fueron secuestrados por grupos de hombres y trasladados a un área de ranchos llamado El Huizachal, en el estado de Tamaulipas, en donde fueron asesinados con disparos de armas de fuego.

Los hechos se conocieron por un inmigrante ecuatoriano, quien, herido y tras recorrer más de 20 kilómetros, logró llegar a un retén y contó lo ocurrido.

Han pasado 8 años y hasta el momento no hay ningún condenado por la matanza. Hay 11 procesados, pero ninguna sentencia, refiere el medio mexicano El Universal.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático, que asesora a las familias de las víctimas, cuestiona al Gobierno mexicano por la lentitud y una cadena de irregularidades en el proceso de investigaciones.

“Hasta hoy no hay una investigación real del Estado para saber hasta qué punto pudo haber complicidad de las autoridades”, reclama la fundación.

La Dirección de Servicios Periciales, a cargo de Carlos Guillermo Morris Garza, primo del entonces gobernador Egidio Torre Cantú, fue deficiente, indica. Varios policías fueron detenidos, supuestamente, porque ofrecían protección al grupo delictivo, publicó el medio expreso.press. (I)

FUENTE: EL UNIVERSO

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