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Pese a que el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, convocó legalmente a rendir versión al actual ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, dentro del proceso penal que indaga un posible peculado en la adquisición de 100.000 pruebas PCR para detectar COVID-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, la mañana de este lunes el funcionario público no asistió a la Fiscalía General del Estado donde se lo esperaba.
El ministro envió un pedido formal a la Fiscalía solicitando que se le defina una nueva fecha para que rinda versión en la causa. La versión fue dispuesta en uno de los últimos impulsos fiscales notificados a las partes procesales y en el que también se incluyó el llamado a rendir versión libre y voluntaria de académicos e investigadores de varias universidades del país.
En este caso son procesadas 14 personas, entre quienes está el alcalde de Quito, Jorge Yunda; la actual secretaria de Salud, Ximena Abarca; el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla; la coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio, Linda Guamán; Daisy H., administradora del contrato; Jéssica C., encargada de compras públicas; y los excoordinadores jurídicos Marco R. y Erik A.
La mañana de este lunes, el alcalde Yunda cumplió su cuarta presentación ante ante las autoridades judiciales, luego de que el martes último el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhaya, vinculó a él y a otras seis personas a la instrucción abierta el 13 de noviembre pasado.
El primero de febrero pasado, Zevallos sí asistió a otro llamado hecho por la Fiscalía. En esa ocasión la convocatoria estaba relacionada a una indagación previa abierta por el presunto delito de tráfico de influencias en la distribución de las vacunas contra el coronavirus.
Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, rindió versión en Fiscalía
Además el fiscal Santillán solicitó a varias instancias públicas información sobre el alcalde Yunda, sobre el proceso de contratación en este caso y sobre los estudios realizados a los kits de diagnóstico. Dio 48 horas al Municipio de Quito para que remita a la Fiscalía información sobre las partidas presupuestarias en emergencia sanitaria, sobre el presidente de la Comisión Metropolitana Anticorrupción y los contratos realizados bajo régimen especial.
También dispuso varios peritajes, entre ellos, a los correos electrónicos sobre la contratación de las pruebas enviados desde marzo del 2020, al inicio de la pandemia. Los correos electrónicos tendrían como asuntos: “Proceso pruebas COVID”, “Informe de necesidad COVID-19 Final”, “Solicitud de proforma pruebas PCR”, entre otros. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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