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Destitución del cargo y una multa de más de $ 7 mil predeterminó la Contraloría del Estado a los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, por no haber cumplido con la extinción de cuatro organizaciones políticas del Registro de Organizaciones Políticas, como son Juntos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Justicia Social y Libertad es Pueblo.
Los tres consejeros tendrán 30 días para presentar pruebas de descargo y para que ejerzan su derecho a la defensa.
La Contraloría aprobó el 18 de junio pasado un informe de seguimiento a 19 recomendaciones que hizo en agosto del 2019 al Consejo Electoral en un examen especial anterior, después de realizar una auditoría a los sistemas informáticos para la verificación de firmas para la inscripción de las organizaciones políticas, y que estas adquieran su personería jurídica.
El equipo de auditoría encontró inconsistencias por la presencia de firmas de personas fallecidas y menores de edad, por lo que se concluyó que no cumplían con el 1, 5% de rúbricas de ciudadanos del padrón electoral, que dispone la Constitución y el Código de la Democracia.
Este lunes, el organismo de control informó que se constató el «incumplimiento» de la mencionada recomendación y en consecuencia predeterminó las responsabilidades administrativas, como son una multa y destitución en contra de Atamaint, Cabrera y Acero por «permitir que los mencionados movimientos políticos continúen inscritos y mantengan su personería jurídica incumpliendo requisitos constitucionales y legales»
La sanción también se plantea para Dayana Chamorro, quien asumía el cargo de directora de Asesoría Jurídica, quien suscribió el informe que recomendó al pleno del Consejo mantener la inscripción de los movimientos mencionados porque habían adquirido derechos al participar en comicios desarrollados por el CNE.
Ese informe fue acogido por los tres consejeros, con lo que se mantuvo la inscripción de las organizaciones en el Registro. El vicepresidente Enrique Pita se abstuvo en esa votación, y el consejero Luis Verdesoto estaba ausente en ese pleno.
A estos funcionarios, se suman otros siete que fueron observados en el informe de la Contraloría, y tienen 30 días a partir de la fecha de la notificación para presentar los descargos respectivos. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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