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Los decretos 229 y 230, emitidos por el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante los cuales convoca a la Consulta Popular para que los ecuatorianos se pronuncien sobre 7 preguntas, generan criterios divididos, sobre todo por el aspecto de la legalidad.
El gobernador de Loja, Eduardo Jaramillo, dijo que la convocatoria a la Consulta Popular a través de los dos decretos cuenta con la legalidad del caso. Aduce que al no haber un pronunciamiento de la Corte Constitucional una vez que han pasado los 20 días desde que el presidente Moreno presentó el contenido de la Consulta Popular, se entiende que existe un dictamen favorable de este organismo.
Agrega que la Consulta Popular es un derecho de la ciudadanía, y que también permitirá fortalecer la institucionalidad del Ecuador.
Sin embargo, para Max Iñiguez, excandidato a asambleísta provincia de Loja por PAIS, los dos decretos con los que el presidente Moreno convoca a la Consulta Popular son una “inconstitucionalidad plena”. Agrega que “desgraciadamente están violando todos los procesos legales pertinentes”. Señala que dentro de los 20 días que la Corte Constitucional tenía de plazo para emitir su dictamen sobre el contenido de la Consulta Popular, se presentaron recursos como el Amicus Curae, los cuales debían ser tratados, extendiéndose así el plazo. Aclara que no está en contra de que se le consulte al pueblo sobre determinados temas, pero considera que debe haber “una consulta real” que sirva para ampliar derechos y beneficiar realmente al país. Aduce que los temas que se incluye en esta Consulta Popular tranquilamente se los puede tratar en la Asamblea Nacional. “Hay la mayoría pertinente (de asambleístas) para hacer las reformas a las leyes correspondientes”, asevera.
Luis Cartuche, director de PAIS en el cantón Loja, considera que se debe esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Señala que con el recurso de Amicus Curae, presentado por una facción de PAIS, se extienden los plazos para la Corte Constitucional. Por ello dice que este organismo tiene una reunión pendiente el próximo 5 de diciembre para emitir su punto de vista sobre el contenido de la Consulta Popular, esto para “no romper con el orden constitucional, sino pues estaríamos ante un golpe de Estado”.
Para el presidente del Colegio de Abogados de Loja, Paulo Arrobo, el llamado a Consulta Popular mediante los decretos 229 y 230 es “cien por ciento válido”. Refiere que estos decretos son acordes a lo que señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Expone que el presidente Moreno cumplió con el debido proceso al presentar las preguntas a la Corte Constitucional, y este organismo tenía 20 días para emitir su dictamen. Sin embargo dice que en la misma ley consta que si la Corte Constitucional no emite su criterio en el plazo concedido, y dada la trascendencia del tema para el país, se entiende que existe un dictamen favorable. (JGN)
FUENTE: LA HORA
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