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El Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2021 está casi listo. Al momento se han firmado nueve de los diez compromisos que se deben ejecutar. Se prevé crear recursos que permitan simplificar trámites, mejorar la calidad de los servicios públicos, transparentar las finanzas de las industrias extractivas, abrir la información de la contratación pública, entre otros objetivos.
Este es el primer plan de acción que Ecuador ejecutará desde que es miembro de la Alianza para el Gobierno Abierto, a la que se unió en julio de 2018. Los diez compromisos del plan serán presentados a inicios de 2020.
En esta iniciativa participan cuatro organizaciones civiles, tres universidades y cinco instituciones públicas. Estas recogieron alrededor de 300 iniciativas ciudadanas, en mesas de trabajo realizadas en ocho ciudades del país. Al final se eligieron los diez proyectos más relevantes, que ahora se están plasmando en la firma de compromisos oficiales.
El 29 de noviembre, el Servicio Nacional de Contratación Pública y la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD) firmaron un acta en la que se asume la “falta de transparencia en la información de contratación pública”.
Frente a ello, las partes se comprometieron a crear una plataforma abierta, de fácil acceso y entendimiento. El cronograma prevé publicar esa herramienta en abril de 2021.
Marcelo Espinel, coordinador de proyectos de la FCD, manifestó que el actual sistema del Sercop no permite saber, por ejemplo, si un contratista ha ganado el mismo contrato durante los últimos años sin permitir la competencia o si una empresa recién creada ganó un concurso que exigía años de experiencia.
La directora del Sercop, Silvana Vallejo, explicó que la falta de transparencia se debe a que el Sistema Oficial de Contratación Pública del Ecuador (SOCE), que es el sistema informático que alberga los contratos públicos, creció de manera desordenada en diferentes lenguajes informáticos.
La nueva plataforma superará ese obstáculo siguiendo el estándar creado por Open Contracting Partnership.
Otro compromiso se firmó el 11 de diciembre entre el Ministerio de Energía, la FCD, el Grupo FARO, la Corporación Participación Ciudadana y la Universidad de Los Hemisferios para implementar el estándar EITI, cuyo Consejo tiene sede en Noruega, que permite a la ciudadanía verificar cómo se gestionan los recursos naturales, los ingresos que generan y su distribución. (I)
FUENTE: EL UNIVERSO
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