Pleno debate muerte civil por corrupción

Se castiga entonces a quienes hayan incurrido en peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo. En esos casos, también se suspenden los derechos de participación por un lapso de 10 a 25 años. En cambio, para quienes denuncien actos de corrupción, habrá acompañamiento y asistencia jurídica, informó la Asamblea en un comunicado.

El proyecto plantea además que, para iniciar un proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito, en la etapa de investigación no se requerirá el informe previo de la Contraloría. Esto posibilitaría que el Fiscal solicite medidas cautelares, como prohibición de salida del país del sospechoso. Sin embargo, el documento del organismo de control será necesario para emitir un dictamen.

Para hacer viables estos planteamientos, la propuesta reformará varios cuerpos legales, entre ellos, el COIP y la Ley de la Contraloría.

La asambleísta Silvia Salgado dijo que “se debe mirar este problema como un fenómeno sistémico, que no es de hace uno o 10 años atrás”. Adicionalmente, propuso crear un nuevo tipo de peculado que juzgue a funcionarios que incurren en la omisión, lo que permite el cometimiento de actos ilícitos.

Quito. La Asamblea Nacional inició ayer el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, que plantea la muerte civil, es decir, la imposibilidad de volver a ejercer un cargo público de por vida cuando la persona haya cometido delitos contra la administración pública. Frente a esta infracción tampoco podrán contratar con el Estado.
Se castiga entonces a quienes hayan incurrido en peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias y testaferrismo. En esos casos, también se suspenden los derechos de participación por un lapso de 10 a 25 años. En cambio, para quienes denuncien actos de corrupción, habrá acompañamiento y asistencia jurídica, informó la Asamblea en un comunicado.
El proyecto plantea además que, para iniciar un proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito, en la etapa de investigación no se requerirá el informe previo de la Contraloría. Esto posibilitaría que el Fiscal solicite medidas cautelares, como prohibición de salida del país del sospechoso. Sin embargo, el documento del organismo de control será necesario para emitir un dictamen.
Para hacer viables estos planteamientos, la propuesta reformará varios cuerpos legales, entre ellos, el COIP y la Ley de la Contraloría.
La asambleísta Silvia Salgado dijo que “se debe mirar este problema como un fenómeno sistémico, que no es de hace uno o 10 años atrás”. Adicionalmente, propuso crear un nuevo tipo de peculado que juzgue a funcionarios que incurren en la omisión, lo que permite el cometimiento de actos ilícitos.
Patricio Donoso, de CREO-SUMA, argumentó que “el combate a la corrupción es un tema en el que debemos estar inmersos todos”. (RET) (I) Patricio Donoso, de CREO-SUMA, argumentó que “el combate a la corrupción es un tema en el que debemos estar inmersos todos”. (RET) (I) %MCEPASTEBIN%

FUENTE: EL TIEMPO