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El presidente de la República, Lenín Moreno, expuso 30 objeciones al proyecto de Ley que fue aprobado en la Legislatura en noviembre pasado.
El Mandatario observó 20 artículos, dos considerandos y ocho disposiciones reformatorias, la mayoría, dijo el vicepresidente de la Comisión Ocasional, Juan Cristóbal Lloret, son de forma.
La Comisión Ocasional que tramita esta normativa aprobó el informe no vinculante el pasado jueves, en el que recomienda al Pleno la votación por bloques: uno para ratificarse en algunos artículos y otro para allanarse a las recomendaciones del Ejecutivo.
Artículos
El artículo 2 es uno de los temas en el que la Comisión recomienda insistir. Este hace referencia a la finalidad del proyecto, que es la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, mediante la transformación de patrones socioculturales que naturalizan y reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres, así como atender, proteger y reparar a las víctimas de violencia.
En la medida de reparación hizo su observación el Ejecutivo. En el documento se hace referencia a la definición que hace el Código Orgánico Integral Penal, COIP, a este tema y, por tanto, indica que se debe eliminar esa palabra y ser reemplazada por la responsabilidad que tiene el Estado de brindar servicios para las víctimas de violencia.
Los asambleístas se ratificaron en el texto original, es decir, en el derecho a la reparación.
La legisladora Lira Villalba ratificó ayer que se está debatiendo, dentro de las objeciones, aquella que refiere el retiro de la reparación integral como responsabilidad del Estado.
“En la Comisión hemos abogado porque se mantenga, porque no se puede dejar desprotegidos ni a la víctima, ni a los niños que también terminan siendo víctimas indirectamente al presenciar los actos de violencia”, dijo Villalba a la agencia Andes.
Derechos
En el informe, la Comisión tampoco se allanó a la sugerencia del Ejecutivo para cambiar el artículo 5. El Pleno aprobó que es obligación del Estado proteger y garantizar los Derechos Humanos de las mujeres y estableció que estas obligaciones deben constar en el Plan Nacional de Desarrollo. Los mismos se garantizarán a través de un plan de acción específico incluido en el presupuesto del Estado.
En el veto, el Ejecutivo argumenta que la propuesta contraviene la Constitución, porque esta prohíbe la creación de preasignaciones presupuestarias distintas de las destinadas a los GAD y a sectores como salud y educación. Sin embargo, los legisladores se ratificaron en su texto al señalar que no se incluye ningún porcentaje y que lo que se busca es que la Ley no se quede en el papel.
En el artículo 20 sobre la rectoría del Sistema Nacional Integral de Protección y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres se especificó que estará a cargo del ente rector de Justicia y Derechos Humanos. En la propuesta presidencial no se contempla la creación de un ente especializado. (RET) (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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