“Esto no nos afecta a nosotras que ya estamos afectadas desde hace 40 años, afecta a los hijos del pueblo, dijo Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a sus nietos, hijos de secuestrados por el régimen y que fueron entregados a familias ajenas.
Dictamen
La controversia se originó luego de que el Supremo anunciara la aplicación de un beneficio que rebaja la pena del civil Luis Muiña, quien está en libertad condicional por haber cumplido dos tercios de su condena.
Muiña fue condenado en diciembre de 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros cometidos contra cinco personas en una cárcel clandestina que funcionó en un hospital público durante el régimen.
La decisión del Supremo, aprobada con tres votos a favor y dos en contra, declara aplicable la ley 24.390, que estuvo vigente entre 1994 y 2001, actualmente derogada, y que señala que si la detención preventiva de un imputado dura más de dos años, a partir de ese plazo cada día se computará doble al establecer la duración de la pena.
Los magistrados que votaron en contra consideraron que la medida no es aplicable a los delitos de lesa humanidad. (I)
FUENTE: EL TIEMPO
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