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Por concusión, Fiscalía pide incremento de la pena para la exlegisladora María Alejandra Vicuña y vincula a dos personas en causa contra asambleísta Karina Arteaga

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Una audiencia suspendida para que los jueces analicen los argumentos entregados por las partes para apelar la sentencia atenuada de un año que recibió la exasambleísta María Alejandra Vicuña y la vinculación de dos personas al proceso penal contra la asambleísta Karina Arteaga fue el rumbo que tomaron ayer en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dos casos en los que se analiza el pedido de diezmos en la Asamblea Nacional, sancionado bajo el delito de concusión.

La primera diligencia en instalarse fue la solicitada por Vicuña, la Fiscalía y la Procuraduría. Las dos instancias públicas, luego de asegurar que se ejecutó la conducta de solicitar recursos a sus colaboradores, pidieron que en lugar del año de cárcel dado en primera instancia el Tribunal de Apelación defina el máximo de la pena, es decir, cuatro años de prisión.

La defensa de Vicuña, Juan Salazar, aseguró que es imposible que se incremente la pena y aclaró en la audiencia de juicio que se demostró que cualquier aporte fue hecho de forma voluntaria, porque eran amigos de la Alianza Bolivariana Alfarista. Criticó que se haya condenado a Vicuña solo con el testimonio de Ángel Sagbay, el cual contradice varios testimonios y elementos que dirían lo contrario.

El 30 de enero de 2020 un Tribunal de la CNJ en primera instancia definió que Vicuña “ejecutó actos que contrarían la ley, que no están amparados por causal de justificación alguna”, y que en este caso “se realizaron los actos idóneos y conducentes de modo inequívoco para exigir contribuciones indebidas por parte de la procesada en calidad de asambleísta”.

David Jacho, presidente del Tribunal de Apelación, dispuso que se suspenda la diligencia para que los jueces deliberen. Las partes procesales serían informadas del día en que se reinstale la diligencia.

Según el fiscal subrogante Wilson Toainga, existen elementos que indicarían que los vinculados habrían recibido transferencias realizadas por el personal del despacho de Arteaga, asambleísta por Manabí. Al menos 20 elementos de convicción fueron presentados para justificar la formulación de cargos que hacía la Fiscalía contra los dos ahora vinculados ante el juez de la causa, David Jacho.

A decir de Vinicio Rosillo Abarca, abogado de la asambleísta Arteaga y de su esposo Jhon Arturo Álava, esta audiencia de vinculación no evidencia otra cosa que la debilidad del caso que mantiene la Fiscalía, pues no se habría presentado ningún elemento nuevo que revele la participación de Álava. “Nosotros hemos desvirtuado todos los elementos de cargo de la Fiscalía”, dijo.

La Fiscalía sostiene en este caso que Arteaga habría exigido aportaciones indebidas a sus colaboradores en el legislativo a través de terceros. Aparentemente existirían indicios de que ella, en 2018, dijo a su personal que podían conseguir un empleo pero con un aporte de $ 40 de su remuneración mensual, y existirían depósitos hechos en la cuenta de Álava por aproximadamente $ 31.000.

Con las vinculaciones la instrucción fiscal se extiende 30 días más, por lo que la Fiscalía tiene para investigar hasta el 23 de enero próximo, en que concluirán los 120 días de esta fase procesal. (I)

FUENTE: EL UNIVERSO

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